El Gobierno se prepara para dirimir un frente de decisiones calientes en medio de la crisis política desatada por la feroz división entre Alberto Fernández y el kirchnerismo duro. El dato oficial de la inflación, que aventura un nuevo récord; y las tensiones en la Justicia en torno a la reforma en el Consejo de la Magistratura, son sólo dos de los ítems que sobresalen en una agenda difícil, de la que también forma parte el proceso por la suba de tarifas. El próximo miércoles, justo antes de los feriados por Semana Santa, el INDEC dará a conocer la inflación de marzo. Tanto los analistas como el propio Gobierno ya esperan que ronde el 6% y llevará los números del primer trimestre a un valor de entre 13% y 14%. La cifra es alarmante en la proyección de la inflación anual y caldo de cultivo para un nivel creciente de conflictividad social, donde la Casa Rosada tiene uno de sus tantos frentes de disputa: ya se anunció que no aumentará el número de planes sociales y se espera que en los próximos días vuelvan los cortes y acampes piqueteros. En tanto el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, intenta despegarse y Alberto Fernández enfrenta un dilema. Allí, en la puja ante una inflación que no cede, transcurre el escenario principal de la interna del Gobierno: Fernández sostiene a Martín Guzmán frente a los embates persistentes de la vicepresidente y, a su vez, desde el Instituto Patria intentan despegar a Roberto Feletti de la falta de resultados frente a la escalada de precios. El laberinto, sin embargo, parece complicarse más dado que el despegue que intenta Feletti enfrentaría a Alberto Fernández al dilema de la permanencia del funcionario. En su avanzada sobre el titular del Palacio de Hacienda, el kirchnerismo sostiene que los precios se resienten no por falta de acciones sobre los mismos, sino por decisiones de política económica. La agenda de corto plazo incluye el proceso por la suba de tarifas que forma parte del acuerdo con el FMI. Guzmán pretende cumplir con los pasos acordados con el organismo conducido por Kristalina Georgieva para que, desde junio, el 10% de los usuarios residenciales deje de recibir subsidios y otra porción afronte alzas de 40%. El Gobierno busca poner el acento en la alteración del contexto internacional a partir de la guerra que desató la invasión de Rusia a Ucrania, pero la naturaleza misma del tema siembra un nuevo terreno para la batalla autoinfligida. Al itinerario de preocupaciones oficiales se suma la tensión en la Justicia a raíz de la amenaza latente de que el Consejo de la Magistratura quede paralizado por no tratarse su modificación en Diputados. El Senado, dominio de Cristina Fernández, le dio media sanción al proyecto del oficialismo para reformarlo. Lo hizo sin intentar ningún tipo de negociación con Juntos por el Cambio. La iniciativa, que rechaza la integración del titular de la Corte como presidente del organismo en discusión, pasó ahora a Diputados, donde el Frente de Todos no tiene garantizados los votos y ni siquiera fueron conformadas las comisiones para tratarla. La Corte Suprema puso como fecha límite el próximo viernes: hasta entonces habrá tiempo para evitar la paralización del órgano encargado de seleccionar y sancionar a los jueces. El conflicto está teñido por la necesidad del Gobierno de mantener presión sobre el frente judicial. De verse sin solución en Diputados, podría escalar en demandas que trasciendan al Congreso y, por lo tanto, deberán dirimirse nuevamente en la Justicia.
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