Organizaciones sociales se movilizaron por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar aumento en el salario mínimo, vital y móvil. Las agrupaciones salieron a la calle en la previa de la reunión del Consejo del Salario. En concreto, piden que el sueldo mínimo alcance el valor de la canasta básica familiar: 70 mil pesos. Las organizaciones marcharon hasta Plaza de Mayo para luego concentrarse frente al Ministerio de Trabajo. “Rechazamos el ajuste estructural y las alternativas de derecha como respuesta a la crisis. Más que peleas entre gobernantes, nos gustaría ver una respuesta acorde a los problemas de bolsillo de buena parte del país”, expresaron en un comunicado las agrupaciones firmantes, entre las que se encuentran el Polo Obrero, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha, y el Movimiento de los Pueblos. Los manifestantes aseguraron que desde hace años se viene profundizando la caída estrepitosa del poder adquisitivo de la clase trabajadora. “Frente a las reiteradas crisis, los gobiernos de distinto color político, junto con el empresariado y las burocracias sindicales han pautado de forma sistemática salarios mínimos por debajo del nivel de indigencia, con el objetivo de seguir maximizando sus ganancias a costa de mayores niveles de explotación y hambre”, subrayaron. Los organizadores denunciaron que el Gobierno impulsa un ajuste fiscal que, entre otras cosas, “repercutió en la quita del IFE para millones de personas que no tenían siquiera un ingreso fijo”. Además de la protesta de organizaciones sociales, profesionales de la salud llevaron adelante una “marcha de la bronca” por descuentos en sus sueldos luego de participar en manifestaciones por “salario y condiciones de trabajo” en plena pandemia. “Durante toda la pandemia, tuvimos que llevar adelante medidas de fuerza por salario y condiciones de trabajo. Incluyendo el pase a planta del equipo de hemoterapistas de la campaña permanente de Colecta de Sangre del hospital”, denunció Norma Lezana, profesional del Hospital Garrahan. Agregó: “El Consejo de Administración, que reporta directamente a la ministro de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, decidió ejecutar descuentos que van de los 15 a los 25 mil pesos a enfermeras, técnicos y profesionales que protestaron. Es decir: funcionarios puestos a dedo, con salarios que multiplican por 10 el de una enfermera, violentan el derecho de huelga y quieren quebrar por hambre a trabajadores que protestamos. Es escandaloso. Nos trataron como descartables toda la pandemia, y ahora nos persiguen por protestar”, cerró.
