La hidrovía del Río Paraná es controlada desde este sábado por la Administración General de Puertos (AGP), en representación del Estado Nacional, con la supervisión del ministerio de Transporte, cartera de la cual depende. Por un plazo de 12 meses, la AGP es la responsable de gestionar y supervisar el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), en el marco del decreto 427 firmado por Alberto Fernández, y del contrato firmado entre el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y la autoridad portuaria nacional, José Beni, el 2 de este mes. La AGP “cobra el peaje y realiza los controles hidrométricos correspondientes para garantizar la seguridad y la navegabilidad de los buques que circulen por esta vía por la que se traslada el 80% del comercio exterior argentino”, indicaron fuentes oficiales. Así, lo que paga cada barco que transite por los 1230 kilómetros entre el Río de Plata y Confluencia, actualmente unos US$3 dólares por tonelada embarcada, lo que representa US$300 millones al año, lo cobra el Estado a través de la AGP, y los fondos van a una cuenta, desde la cual se les pagará a las concesionarias que queden a cargo del dragado y balizamiento. El dragado seguirá a cargo de la empresa belga Jan De Nul, la actual responsable de esa tarea, tal como anticipó Guerrera, hace dos semanas, en declaraciones a Radio Delta FM 90.3. “La AGP tiene que garantizar el actual dragado y redragado y el balizamiento, es decir, garantizar la operatividad de la hidrovía. Tendrá que hacer alguna contratación directa, con valores que no pueden superar lo que se está pagando por esa tarea, y luego saldrá la licitación corta que le dará tiempo al para el pliego de los próximos 15 años”, dijo Guerrera. Sin embargo, adelantó que el balizamiento ya no seguirá a cargo de Emepa, la firma argentina que, como la belga, también formaba parte de Hidrovía SA. “Hay varias empresas argentinas que podrían empezar a realizarlo, es un primer paso”, dijo Guerrera. Sin embargo, en las últimas horas seguían las negociaciones, con participación de los gremios, para definir cómo se gestionaría el balizamiento.
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