Cristina Fernández volvió al candelero mediático al encabezar un acto en el Hospital de Niños de La Plata. La vicepresidente, pidió la reforma del sistema de salud, en momentos en que gran parte de los hospitales del país se encuentran saturados por el aumento de internaciones. “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, dijo. Acompañada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cargó contra las prepagas. “Díganme: ¿Hoy no está integrado acaso a las patadas porque lo impuso la realidad integrando a todos los sistemas porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, van a lo público y de lo público van a lo privado?”, preguntó. No es la primera vez que Cristina Fernández plantea esta posibilidad. El 19 de diciembre pasado, también en La Plata, en el Estadio Único, había dicho: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”. Su idea genera posturas encontradas dentro del oficialismo y genera reticencia entre los gremios que tienen en la recaudación de sus obras sociales una de sus grandes cajas. La idea de Cristina Fernández es lograr una reestructuración del sistema actual, mediante la sanción de una ley que avanzaría a un sistema integrado bajo una autoridad regulatoria. Se propone ir a “un sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga”. Pero a fin de garantizar la devolución por los servicios prestados, plantea la posibilidad de “un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP”. Este punto genera mucho recelo entre los sindicatos ya que impactaría directamente sobre su recaudación al avanzar sobre el dinero del Fondo Solidario de Redistribución, una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. Otro cambio que sugiere el documento es el de una nueva modalidad de “elección libre” entre obras sociales. Si bien no profundiza en esa idea, la posibilidad podría generar un serio problema de financiamiento, por ejemplo, en las obras sociales de los empleados públicos provinciales, que actualmente no permiten que sus afiliados deriven aportes. Por otra parte, se plantea que el Estado intervenga en los precios de los medicamentos y de determinadas prestaciones. Al respecto, la iniciativa sugiere “utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas y conjuntas de Nación, Provincias, PAMI, Obras Sociales sindicales y provinciales, de las FFAA, de los poderes legislativo y judicial y universitarias que opten por adscribir al sistema integrado”.
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