A pesar de lo dispuesto por la Justicia Federal que ordenó la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Horacio Rodríguez Larreta informó que las aulas seguirán abiertas hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la cuestión de fondo. De esta forma, el distrito cumplirá con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones porteña, que dejó sin efecto el retorno a la virtualidad dispuesto por el último DNU de Alberto Fernández. El constitucionalista Juan Vicente Sola fue terminante: “Si yo quiero demandar a una provincia tengo dos maneras de hacerlo: o vamos ante un juez provincial o ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En base a dicha premisa, plasmada en el Artículo 116 de la Constitución Nacional, no es pertinente el planteo realizado por el jefe de los abogados del Estado Carlos Zannini ante la Justicia Federal para anular el fallo que permitió las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, ya que dicho fuero no tiene autoridad de decisión sobre una resolución emitida por la Justicia del distrito gobernado por Larreta, que tiene estatus provincial. “No se puede demandar a la Ciudad de Buenos Aires ya sea como vecino de esta última o de otra provincia en la Justicia Federal ordinaria. Debo elegir: o la Corte Suprema por jurisdicción originaria o la justicia local”, recalcó Sola, y remató: “El juez Esteban Furnari aceptó una competencia que no tiene”. El letrado también recordó que la propia Ciudad de Buenos Aires ya presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de dejar sin efecto la suspensión de las clases presenciales decretada por Fernández hasta el 30 de abril. Por ese motivo, sostuvo que la resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari implicaría además quitarle la competencia al máximo tribunal. En línea con Sola se expresó el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Djivaris, que argumentó: “La Ciudad de Buenos Aires está cumpliendo una medida cautelar que dispuso la Justicia del distrito, en uso de atribuciones constitucionales y a partir de una demanda hecha por particulares”. además agregó: ”Paralelamente, la Ciudad de Buenos Aires, a partir del dictamen del DNU que deriva en todo este conflicto judicial, accionó ante la Corte Suprema de la Nación a fin de preservar su autonomía, autonomía que no emerge de un voluntarismo del jefe de Gobierno o de cualquier otro funcionario, sino de la propia Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. Por último, y en sintonía con la explicación del constitucionalista, sostuvo que en función de dichos textos no es competente la Justicia federal en este caso, por lo que la Ciudad debe regir su conducta en función de lo establecido por la justicia porteña. “Entendemos que no puede incumplirse una medida cautelar, a partir de que un juez de otro fuero levanta esa medida”, sostuvo, y cerró: “Lo que hizo el juez federal ni siquiera fue asumir la competencia, fue enviar el expediente a la Corte Suprema, que es la que tiene que resolver este conflicto, y ordenó levantar una medida y para que proceda tiene que estar firme”.
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