Dirigentes kirchneristas llevaron a cabo un acto para exigir la liberación de políticos que se encuentran presos por casos de corrupción. La jornada, titulada: “Derrotemos al lawfare”, se realizó en el Centro Cultural Padre Carlos Mugica de San Telmo, donde anunciaron que presentarán en el Parlasur un proyecto para que se considere como un delito al lawfare a nivel regional. Pero las intenciones no quedarían ahí, sino que la diputada Fernanda Vallejos y el senador Oscar Parrilli podrían impulsarlo en el Congreso nacional para convertirlo en ley. En la convocatoria al acto habían adelantado que la iniciativa a tratar en el Parlasur apuntaría a la “revisión en casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas”. En otras palabras, el objetivo es poder revisar las sentencias y condenar a los funcionarios judiciales que las hayan dictado, lo que intentarían debatir también en la Cámara de Diputados y en el Senado. Antes de la exposición de los distintos oradores, se mostró un video que recopiló mensajes alusivos de Luis D’Elía, quien aseguró que “con lawfare no hay democracia ni República”; Roberto Baratta; Juan Pablo Schiavi, quien manifestó que se encuentran “en manos de la patota judicial”; Ricardo Jaime; Julio De Vido y Amado Boudou, quien definió al lawfare como una “herramienta para perseguir y disciplinar a los políticos”. Todos ellos están condenados por distintos casos de corrupción. “El lawfare existe y prueba de ello es que la Justicia de Brasil anuló las sentencias contra Lula Da Silva. Se persigue a dirigentes de gobiernos populares, pero también habilita la violación de los derechos de toda la sociedad. Trasladaron jueces, digitaron sorteos, violaron el derecho a la privacidad, hostigaron a ex funcionarios para construir un clima social persecutorio, abusaron de la prisión preventiva”, acusó Caamaño, quien concluyó asegurando que “necesitamos que se depure la Justicia”.
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