La economía argentina nunca de sorprender a propios y extraños. El tipo de cambio que hace unos meses era portada de todos los medios, parece haber atenuado su impacto, sin embargo sus efectos colaterales están dando de lleno. El más notorio es el aumento de la inflación, porque los precios de la economía reaccionan ante la suba del dólar financiero y el incremento de la brecha cambiaria. Según las consultoras que participan en la encuesta mensual del BCRA, las perspectivas inflacionarias vuelven a ser muy preocupantes. Pronostican 3,6% para noviembre y un salto de 4% en diciembre y enero. Para todo el 2021, según los pronósticos, la inflación se ubicaría en el 50%. El Gobierno por el momento no logró alinear las expectativas inflacionarias. En realidad ni siquiera hizo el intento. Como ya sucedió durante la gestión de Cristina Fernández, la principal política antiinflacionaria pasa por el congelamiento de precios. Dio resultado en los primeros meses de la pandemia, coincidiendo con los bajos niveles de actividad y el cierre completo de actividades por la cuarentena. Pero aún con tarifas congeladas y la continuidad del programa de Precios Máximos, la inflación sufre un proceso de aceleración notable: pasó de un piso de 1,5% en abril y mayo a cerca de 4% en el último cuatrimestre del 2020. El fuerte repunte inflacionario representa un golpe a la recuperación. Para una economía que depende básicamente de su mercado interno, estos fuertes aumentos retraen la capacidad de consumo y sumergen a más gente en la pobreza, con una canasta básica que ya superó los $50.000 mensuales. El recientemente avalado por el Senado “aporte solidario y extraordinario” no mejora el panorama sino todo lo contrario. El denominado impuesto a la riqueza supone un castigo desmedido para los empresarios argentinos que son los que deberían poner en marcha la rueda de las inversiones. El estrafalario gravamen no se aplicó en ninguno de los países tanto o más afectados por la pandemia y supone una carga excesiva a quienes les toque pagar, que supera el 5% del patrimonio.
Sin una política antiinflacionaria seria, los esfuerzos oficiales se focalizarán en mantener los congelamientos de precios. El límite es el riesgo de desabastecimiento. Los faltantes que hubo sobre todo en la construcción, medicamentos y alimentos respondieron más a cuestiones especulativas ante la suba del dólar libre de octubre que a cuestiones relacionadas con los costos de producción. Para los distintos segmentos de la economía resulta cada vez más difícil sostener congelamientos de precios. En la industria de la alimentación se cerró una paritaria con un incremento del 32%, en el caso de la construcción fue similar (incluso 25% entró en vigencia en noviembre) y los metalúrgicos acordaron casi 40%. El margen para no trasladar estos aumentos salariales a precios es prácticamente nulo, luego de tres años recesivos. La consecuencia de fuertes aumentos de costos y precios congelados o super controlados ya está provocando un proceso acelerado de pérdida de rentabilidad en las empresas. Esto deriva en menor contratación de personal y en una caída de inversiones. Cada vez más alejada de una economía de mercado, la Argentina está inmersa en una política de “administración” de precios, que siempre funciona de manera ineficiente. Además tampoco logra su objetivo central, que es reducir el impacto de la inflación en los bolsillos de los sectores más vulnerables. El plan de “aguantar” el verano sin un ajuste brusco del tipo de cambio tiene ahora más probabilidades de éxito. El objetivo es llegar a la liquidación de la cosecha gruesa y apuntar a una recuperación gradual del nivel de reservas, pero sin mayores chances de ablandar el cepo cambiario en el corto plazo.
