La oposición y el resto de los bloques en Diputados que suelen oficiar de aliados del oficialismo empiezan a debatir internamente la posición oficial en torno a la expropiación de la empresa Vicentin, anunciada este lunes de manera sorpresiva por Alberto Fernández. El Frente de Todos, por su lado, mira con atención a las bancadas del PJ Federal y el interbloque conducido por el mendocino José Luis Ramón, de estrecho vínculo con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. El bloque oficialista está compuesto por 119 legisladores. Es decir, necesita diez más para llegar al quórum. En ese sentido, las discusiones internas entre los 8 diputados de la bancada de Ramón y los 11 del Interbloque Federal, liderado por Eduardo “Bali” Bucca, acaparan el seguimiento parlamentario del oficialismo. Además de Nicolás del Caño y Romina del Plá, de la izquierda: Del Caño ya manifestó su aprobación a la intervención estatal, aunque con complementos aún más osados. En el Senado, donde va a arrancar el debate legislativo, la situación es mucho más distendida: Cristina Fernández tiene la mayoría suficiente como para darle media sanción a la expropiación del sexto grupo agroexportador del país. El Interbloque Federal tiene en términos generales, un desacuerdo en las formas, en los tiempos y en hacerlo en medio de la falta de una política económica en general.
En el caso de la bancada conducida por Ramón, el estado de situación general es bastante más previsible: el propio jefe del bloque escribió en sus redes sociales un tuit de apoyo a la decisión de Alberto Fernández. En Cambiemos, la posición oficial no deja lugar a dudas: la coalición opositora integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que cuenta con 116 miembros, no tardó ni 24 horas en comunicar oficialmente que, para ellos, la decisión presidencial es “ilegal, peligrosa e inconstitucional”. Después, avanzaron con la denuncia penal. La jefatura del interbloque en la Cámara baja, le encomendó el análisis del decreto del Poder Ejecutivo a Bernardo Saravia Frías, el ex procurador de la gestión de Mauricio Macri. Cambiemos centra su discusión pública en el caso YPF. Saravia Frías siguió al detalle, por su rol, el pleito judicial en torno a la expropiación de la petrolera en los tribunales de Estados Unidos. “El esquema jurídico propuesto no es novedoso. Para expropiar YPF, el Poder Ejecutivo de entonces utilizó facultades legislativas excepcionales (un DNU) para intervenir la empresa. El Congreso luego refrendó lo actuado, declaró su utilidad pública y decidió su ocupación”, planteó el ex procurador en un paper que le envió a algunos diputados. Aunque marcó diferencias con la estatización de la petrolera. “Vicentin está en concurso desde diciembre del año pasado. Desde su apertura el patrimonio de Vicentin está resguardado por el juez en favor de todos sus acreedores y es él quien podría, en forma excepcional, apartar al directorio de la conducción de la empresa. Bajo el ropaje de la soberanía alimentaria, se invaden también facultades propias del juez. De una vez, el Poder Ejecutivo implementa un esquema jurídico que arrebata y desconoce competencias propias de otros poderes”.
