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Tras el violento operativo policial contra una familia Qom en Chaco, el gobernador Jorge Capitanich separó de su cargo al grupo de agentes acusados de cometer apremios ilegales y abuso sexual, mientras crecen los reclamos del Gobierno nacional para que se esclarezca lo sucedido. La ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar, confirmó el desplazamiento de los efectivos involucrados y repudió el “accionar ilegal, violento, arbitrario de integrantes de la Policía” hacia los integrantes del pueblo originario. Además, exigió “la correspondiente investigación al personal que intervino en el operativo” para que sea juzgado penalmente. El anuncio oficial se produjo a 48 horas de ocurrido el brutal ataque. El hecho se hizo público en las últimas horas, luego de que se viralizaron videos, fotos y audios de personas con gritos de terror que viven en el barrio Cacique Pelayo-Banderas Argentina, de la localidad chaqueña de Fontana. Con el correr de las horas, los repudios crecieron a tal punto que el propio Alberto Fernández se solidarizó con la familia Qom vulnerada y se pronunció contra las situaciones de violencia institucional, a las que calificó de “una deuda de la democracia”. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda reclamó al ministerio de Seguridad chaqueño que establezca una “inmediata intervención de la Comisaría 3° de Fontana”, junto a la separación preventiva de los uniformados que estuvieron de turno la noche del sábado pasado. El organismo exigió también “la debida participación del pueblo indígena en la investigación sumaria” hacia los efectivos, la atención psicológica de las víctimas y su resguardo físico.

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