La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó una acción de amparo para que se ordene judicialmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asegure el acceso a internet a los habitantes de las villas y asentamientos del distrito, al tiempo que también se reclamó por distribución de computadoras en el marco de la pandemia de COVID-19. “Ante la pandemia y las medidas de aislamiento social obligatorio, la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la escolaridad y la mayoría de los trámites continuaran por vías virtuales”, comenzó en un comunicado que fue publicado en la página web de la entidad. La demanda, elaborada en conjunto con estudiantes que integran la Comisión de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la UBA que funciona en ACIJ, tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentó que las medidas llevadas adelante por la administración porteña expusieron “la situación de desigualdad que atraviesan aproximadamente 300 mil personas”. Este problema que reflejó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia radica en “las condiciones habitacionales”, en la provisión de los servicios en condiciones de igualdad con el resto de la Ciudad, a la carencia de dispositivos y un acceso a Internet sumamente deficitario.
De esta manera, ACIJ argumentó que en “las villas y asentamientos porteños no cuentan con la infraestructura para que dicho servicio (internet) ingrese, lo que agranda aún más la brecha de desigualdad socioeconómica-cultural en la que se encuentran respecto al acceso a derechos, a esto se suma, en el caso de muchas niñas, niños y adolescentes, la falta de computadoras para poder continuar con el cursado virtual dispuesto por las autoridades”, agregó la entidad. “Contar con conexión a internet resulta una precondición para poder acceder a otros derechos, como a la educación, a la salud, a realizar trámites y reclamos, a la información, a la cultura e incluso a la conexión con otras personas”, señaló en el texto y remarcó la necesidad de “el Poder Judicial garantice a todas las personas -especialmente a aquellas que forman parte de grupos vulnerabilizados- su derecho a la educación, a la salud, a la información y a la justicia”. La institución apuntó que, para que esos derechos puedan cumplirse, se requiere acceso a internet y equipamiento acorde.
