La crisis habitacional volvió a ocupar el centro de la agenda política española cuando una huelga general convocada por sindicatos y organizaciones sociales paralizó parcialmente la actividad en distintas regiones del país y exhibió el creciente malestar por el aumento de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo. La protesta se produjo a menos de tres semanas de las elecciones legislativas en las que el presidente Pedro Sánchez buscará la reelección. La jornada estuvo marcada por movilizaciones masivas en numerosas ciudades, con Madrid como principal epicentro. Según los organizadores, unas 120.000 personas participaron de la marcha nocturna en la capital, mientras miles de manifestantes también se concentraron en Barcelona y otros grandes centros urbanos para reclamar medidas urgentes frente al encarecimiento de la vivienda. Sin embargo, la protesta también estuvo acompañada por episodios de violencia en la capital catalana. Grupos de encapuchados protagonizaron enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, lanzaron artefactos pirotécnicos contra los agentes y provocaron daños en varios comercios del centro de la ciudad. Además, se registraron incidentes en Plaza Cataluña, donde un grupo intentó saquear una tienda de Apple. Desde las primeras horas del día, el paro generó cortes de rutas, alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, amplificando el impacto de una convocatoria que reflejó el peso que la cuestión habitacional ha adquirido en el debate público. Los participantes denunciaron la imposibilidad de afrontar alquileres cada vez más elevados con salarios que, aseguran, han quedado rezagados frente al costo de vida. La dimensión de la huelga quedó rápidamente atravesada por una disputa política. Mientras Comisiones Obreras y otras centrales sindicales defendieron el alto nivel de adhesión y calificaron la jornada como un éxito, las principales organizaciones empresariales, encabezadas por la CEOE, minimizaron su alcance y la describieron como una convocatoria con escasa incidencia en la actividad económica. El movimiento tomó impulso en los últimos meses tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años cuyo caso conmocionó a la opinión pública y se convirtió en un símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda. Organizaciones de inquilinos y colectivos sociales han logrado instalar el tema como una de las principales preocupaciones ciudadanas de cara a los comicios. El conflicto adquiere una relevancia adicional porque la imposibilidad del Gobierno para aprobar en el Parlamento un paquete de medidas sobre vivienda fue uno de los factores que llevó al adelanto electoral. En plena campaña, la discusión sobre alquileres y acceso a la vivienda se consolida como uno de los ejes centrales de la contienda entre el oficialismo y la oposición, que promete derogar las iniciativas impulsadas por Sánchez si logra llegar al poder.
