En un giro que refleja la tensión permanente entre la Casa Rosada y el movimiento obrero, el Ejecutivo nacional emitió un decreto que suaviza los efectos de la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida llega después de intensas negociaciones reservadas con la CGT y supone un alivio para las arcas sindicales, golpeadas por la fórmula anterior que limitaba el cálculo de las cuotas solidarias al salario básico convencional. El nuevo decreto, rubricado por Javier Milei junto a Diego Santilli y Sandra Pettovello, amplía la base salarial sobre la que se aplican los aportes, incorporando las remuneraciones normales y habituales de pago mensual. Al mismo tiempo, excluye del tope del 2% las contribuciones patronales destinadas a fines sociales, asistenciales o culturales, lo que garantiza la continuidad de fondos clave para las obras sociales sindicales. En el caso de Camioneros, por ejemplo, la contribución empresarial de 25 mil pesos por trabajador, que suma unos 5 mil millones mensuales, queda fuera del límite, asegurando la supervivencia de su sistema de salud. La decisión es interpretada como un revés político para Federico Sturzenegger, impulsor del decreto 407 que había restringido la base de cálculo y encendido la alarma en la CGT. La central obrera, que se preparaba para relanzar su plan de lucha con una movilización al Congreso, celebra ahora la rectificación como una victoria estratégica en defensa del financiamiento sindical y de las convenciones colectivas, pilares del modelo gremial argentino. El trasfondo político es evidente: con Santilli como jefe de Gabinete y los hermanos Menem como operadores, el Gobierno busca pacificar el frente sindical y mostrar disposición al diálogo en un año clave para la proyección electoral de Milei hacia 2027. La CGT, por su parte, modera su ofensiva y evita replicar el modelo francés de paros rotativos, optando por movilizaciones más acotadas, pero igualmente significativas. En palabras de Gerardo Martínez (UOCRA), “logramos preservar las cuotas solidarias y evitar que se desarme la estructura sindical”. La pulseada deja en claro que, pese a los intentos de reforma, el sindicalismo argentino mantiene su capacidad de presión y negociación, reafirmando su rol central en la política nacional.
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