El tablero judicial vuelve a colocar al liberal José Luis Espert en el centro de la escena. El juez federal Lino Mirabelli dispuso que el exdiputado concurra a declarar el próximo 30 de junio, en el marco de la investigación que lo vincula con operaciones de lavado de activos. La medida se adoptó tras el requerimiento del fiscal Fernando Domínguez y alcanza también a su contador, Mariano Cosentino. La pesquisa se concentra en los vínculos de Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, figura controvertida que ya fue condenada en Estados Unidos por fraude y blanqueo de capitales, además de estar involucrada en causas de narcotráfico. Según el expediente, Machado habría transferido 200 mil dólares al exlegislador en 2020, dentro de un acuerdo que estipulaba un desembolso total de un millón. La versión oficial de Espert sostiene que se trataba de un contrato de consultoría para un emprendimiento minero en Guatemala, aunque la fiscalía cuestiona esa explicación: nunca viajó al país, las minas no estaban operativas y no existen pruebas de tareas profesionales realizadas. Entre los elementos que alimentan las sospechas figuran la compra de vehículos de alta gama, un BMW y un Lexus, y aportes a un fideicomiso denominado Dunas, operaciones que, según la acusación, habrían servido para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito. Mientras se aguarda la audiencia, el exdiputado de La Libertad Avanza enfrenta un escenario complejo: sus bienes permanecen congelados y no puede disponer de sus cuentas, salvo autorizaciones puntuales para gastos corrientes. El caso, que combina política, negocios y justicia, promete convertirse en un nuevo capítulo de tensión institucional en torno a la transparencia de la dirigencia.
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