En la Cámara de Diputados se vivió una jornada marcada por la tensión política y las maniobras parlamentarias. La sesión convocada para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminó frustrada ante la imposibilidad de la oposición de reunir el quórum necesario. Con 129 votos requeridos para abrir el debate, los bloques opositores no lograron alcanzar la cifra, en gran medida por la estrategia del oficialismo. El Gobierno había sellado un acuerdo con sus aliados del PRO y la UCR para que no se presentaran en el recinto. A la par, se decidió convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales la próxima semana, con el objetivo de dilatar la discusión sobre la interpelación a Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La maniobra fue diseñada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien logró desactivar la sesión impulsada por Unión por la Patria, la izquierda y otros espacios minoritarios. El temario incluía seis proyectos de resolución que exigían explicaciones sobre el uso de bienes públicos y fondos estatales, además de pedidos para que Adorni detallara su situación patrimonial. Tres de esas iniciativas proponían directamente una moción de censura para desplazarlo de su cargo, en el marco de la investigación judicial que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. La oposición ya había intentado la semana pasada avanzar con una sesión especial, aunque reconocía las dificultades reglamentarias: para habilitar el tratamiento sobre tablas se requieren dos tercios de los votos, un número lejano a sus posibilidades. Desde la Casa Rosada se insiste en que cualquier interpelación sin dictamen de comisión debe cumplir con ese requisito, lo que refuerza la estrategia de bloqueo. En paralelo, Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, promueve una interpretación reglamentaria que eleve aún más las exigencias para habilitar el debate. De prosperar, cualquier intento de interpelación que no alcance los dos tercios sería automáticamente derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, postergando indefinidamente la discusión. La pulseada parlamentaria refleja el delicado equilibrio de fuerzas en el Congreso y anticipa un escenario de creciente confrontación entre oficialismo y oposición.
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