El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una nueva línea de investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, centrada en el origen y la veracidad de los fondos en bitcoin que el funcionario declaró recientemente en sus presentaciones patrimoniales. La pesquisa no se limitará a los activos digitales: Pollicita convocará a peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para incorporar los 500.000 dólares que Adorni mencionó en una entrevista televisiva. Además, solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa del ministro, con el objetivo de reconstruir el patrimonio familiar y contrastar la información ante los organismos de control. El caso tomó impulso tras las declaraciones públicas del propio Adorni, quien reconoció que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y que una parte sustancial de su patrimonio proviene de inversiones en bitcoin iniciadas en 2013. Según sus dichos, invirtieron 200.000 y obtuvieron ganancias por 300.000 dólares entre 2014 y 2018. Las explicaciones del funcionario se producen en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y luego de la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción. Adorni admitió haber omitido parte de sus ahorros por “un error arrastrado durante años” y aseguró que abonará impuestos y sanciones correspondientes. Sin embargo, sus recientes afirmaciones contrastan con declaraciones previas en las que había sostenido que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado”. La contradicción alimenta las dudas en torno a la transparencia de su patrimonio y refuerza el interés judicial. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo concentra dos expedientes vinculados al jefe de Gabinete: uno por su evolución patrimonial y otro por su relación con el periodista Marcelo Grandio, quien obtuvo contratos con el Estado y financió un viaje privado a Punta del Este. Mientras tanto, Adorni y su esposa solicitaron adherir al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2025, que exime de informar patrimonio y consumos personales. La decisión abre un nuevo frente de debate político sobre la conveniencia de que altos funcionarios se amparen en ese esquema.
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