En un nuevo capítulo de la disputa entre la Ciudad y la Provincia, Jorge Macri levantó la voz y puso cifras sobre la mesa: 27.000 millones de pesos es el monto que le exige al gobernador Axel Kicillof por la atención de bonaerenses en situación de calle dentro de la Capital. El reclamo, lejos de ser un gesto aislado, se inscribe en un marco legal que redefine responsabilidades: las provincias deben hacerse cargo de sus ciudadanos más vulnerables. El jefe de Gobierno porteño eligió las redes sociales para lanzar su advertencia, con un tono directo y sin concesiones: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley”. El mensaje no sólo apuntó a la deuda, sino a la narrativa política: instalar la idea de que la Ciudad subsidia lo que la Provincia desatiende. El planteo formal llegó a través de sus ministros Gabriel Mraida (Desarrollo Humano) y Gustavo Arengo Piragine (Hacienda), quienes enviaron un documento a Pablo López, titular de Economía bonaerense. Allí se detalló que más de 2.300 bonaerenses reciben asistencia en los 61 Centros de Inclusión Social de la Ciudad, con un costo que, según cálculos oficiales, supera los $527.000 millones desde la entrada en vigencia del decreto nacional que obliga a las provincias a atender a su propia población vulnerable. El trasfondo es claro: la disputa por recursos se convierte en un arma discursiva. La Ciudad reclama justicia financiera; la Provincia, hasta ahora, guarda silencio. En ese vacío, Macri intenta construir relato: que el esfuerzo de los porteños no siga financiando lo que considera “un ahorro” para Kicillof. La tensión, entonces, no es sólo contable. Es un pulso de poder entre dos administraciones que se miran con recelo y que, en cada cruce, reafirman que la política argentina se escribe tanto en los números como en las palabras.
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