La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que ordenó impedir la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presuntamente grabados en la Casa Rosada. En un comunicado difundido por la entidad, advirtió que la medida constituye “un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”. El pronunciamiento de ADEPA se conoció tras el fallo que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno, que denunció la existencia de una presunta “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración de audios obtenidos de manera clandestina. La resolución judicial dispuso “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión y sostuvo en redes sociales que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. No obstante, ADEPA remarcó que “las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional” y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que, salvo en casos vinculados a la protección de niños y adolescentes, cualquier medida que restrinja de manera preventiva la circulación de información “constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”. La entidad subrayó que la publicación de informaciones sólo puede dar lugar a “responsabilidades ulteriores”, por lo que, en caso de haberse cometido delitos en la obtención del material, corresponde al Estado investigar y sancionar a los responsables, pero no aplicar censura previa. La denuncia judicial fue presentada por el Ministerio de Seguridad y quedó radicada en el Juzgado Federal Nº12. En la causa aparecen mencionados el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalados como posibles integrantes de una red que, según el Ejecutivo, busca influir en la campaña electoral y generar hostilidad contra funcionarios del oficialismo. El Gobierno no descartó que los audios hayan sido manipulados digitalmente con fines políticos.
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