El Gobierno de Alberto Fernández, tiene que hacerle frente a una nueva interna en torno a una iniciativa que circula cada vez con más fuerza entre el oficialismo y que tiene que ver con la creación de un “salario universal básico” para los sectores más vulnerables. Se trata de una idea que todavía está siendo analizada entre los movimientos sociales, funcionarios nacionales y provinciales, y legisladores del Frente de Todos, aunque entre las partes aún hay algunas diferencias en cuanto a su implementación. Mientras algunos miembros del Gabinete sostienen que este beneficio tendría que otorgarse de manera “incondicional”, es decir, que no exigiría una contraprestación laboral, los principales referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde habita el dirigente social Juan Grabois, creen lo contrario. Tras la reunión entre Alberto Fernández con el director del Banco Nación, Claudio Lozano, el mandatario se mostró cauteloso al señalar que es algo que “debe discutirse a la luz de la disponibilidad de recursos”. En tanto, en el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, aclararon que no tienen en carpeta una política en este sentido, aunque aclararon que están al tanto de los debates al respecto. Quien se refirió al tema en cuestión fue el titular de la cartera de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien, si bien reconoció que “hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo”, opinó que se debería tomar una medida de este tipo en el futuro, “que establezca un criterio, que tenga contraprestación laboral y que también empiece a mover la economía desde abajo. A mí me parece que, para adelante, hay que discutir un ingreso universal de base. Yo creo que tenemos que ir en la Argentina a un ingreso universal de base que contemple, al menos, a 3 millones de personas, siempre con contraprestaciones laborales”, manifestó de manera tajante. Durante una entrevista, el funcionario explicó que, si se avanza con este proyecto, “aquel que reciba el 50% del salario mínimo tendría que trabajar, ya sea en una empresa o en el sector público, o montar su propia actividad productiva, o tiene que capacitarse”. De esta manera, Arroyo se mostró alineado con lo que plantean los movimientos sociales, quienes vienen planteando desde hace un tiempo la necesidad de avanzar con políticas que sirvan como un viraje “hacia el trabajo” en las ayudas sociales que otorga el Estado. “Más allá de lo que me parezca a mí, es lo que dice la CEPAL y las Naciones Unidas, y lo que están haciendo en España, en Alemania y en Israel. Es el debate en América Latina: yo tengo debate con ministros de diferentes países de la región varias veces y siempre el debate está ahí”, destacó el ministro.
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