El Gobierno intensificó en las últimas horas las gestiones políticas en el Senado para avanzar con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa que apunta a modificar aspectos sensibles del régimen vigente, especialmente en materia de internaciones involuntarias, abordaje de las adicciones y seguimiento de pacientes tras el alta médica. Con el objetivo de consolidar los consensos necesarios para obtener un dictamen favorable, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará una presentación pública junto a las senadoras Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, quienes presiden las comisiones de Salud y de Legislación General, respectivamente. El oficialismo apuesta a cerrar acuerdos parlamentarios que le permitan llevar el proyecto al recinto durante la última semana de octubre. La propuesta introduce cambios de fondo sobre la Ley 26.657. Entre los puntos más debatidos figura la revisión de los criterios para ordenar internaciones sin consentimiento. Mientras la normativa actual exige la existencia de un riesgo cierto e inminente, la nueva redacción plantea habilitar esta medida cuando se verifique una situación de grave peligro para la vida o la integridad física de la persona afectada o de terceros. Además, establece que la decisión deberá contar con la evaluación y firma de dos profesionales de la salud, uno de ellos médico y, de ser posible, especialista en psiquiatría. El proyecto también busca incorporar de manera explícita los consumos problemáticos dentro de las políticas de salud mental, con una mirada integral sobre las adicciones. A la vez, amplía herramientas vinculadas a la autonomía de los pacientes, permitiendo que expresen de forma anticipada su aceptación o rechazo a determinados tratamientos. Otro eje de la reforma está centrado en la organización de la atención sanitaria. La iniciativa promueve equipos interdisciplinarios adaptados a las capacidades de cada jurisdicción y habilita el uso de teleconsultas como mecanismo para ampliar la cobertura en regiones con escasez de especialistas. En paralelo, establece nuevas obligaciones de información hacia familiares y representantes legales antes de las altas médicas, con el fin de facilitar las condiciones de reinserción y cuidado. La propuesta incorpora también dispositivos de acompañamiento ambulatorio posteriores al alta, que podrán extenderse hasta seis meses bajo supervisión judicial periódica. En los casos en que las personas no cuenten con una red de contención familiar, el Estado deberá garantizar apoyos comunitarios y recursos asistenciales específicos. En relación con niños, niñas y adolescentes, el texto prevé estrategias diferenciadas para abordar consumos problemáticos, mediante equipos especializados en salud infantojuvenil y espacios de atención distintos de los destinados a adultos. La iniciativa suma además principios vinculados a la autonomía progresiva, la confidencialidad, la participación activa de los pacientes en las decisiones que los involucran y la no criminalización de las problemáticas asociadas a la salud mental. La reforma es el resultado de varios meses de discusión parlamentaria y consultas con representantes sanitarios de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Desde el oficialismo sostienen que los cambios responden a demandas reiteradas de familias, profesionales y actores del sistema de salud que cuestionan las limitaciones de la legislación actual para intervenir ante situaciones de riesgo. Pese al avance de las negociaciones, el proyecto todavía debe reunir los apoyos suficientes para obtener dictamen de mayoría y superar las instancias legislativas pendientes. La conferencia convocada para este miércoles servirá como una señal clave sobre el nivel de consenso alcanzado y sobre la versión final que el Gobierno pretende convertir en ley.
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