La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo luego de que un grupo de estudiantes ingresara al Palacio Pizzurno para reclamar la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta terminó con el desalojo de los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y con el anuncio de una denuncia judicial por parte del Gobierno. La movilización se produjo apenas un día después de que la Justicia ordenara al Poder Ejecutivo reglamentar la norma y a menos de una semana de una nueva Marcha Federal Universitaria. Desde la Casa Rosada interpretaron la ocupación como una acción de carácter político y apuntaron contra sectores opositores por su presunta participación en la protesta. La medida comenzó con una sentada frente a la sede de la Secretaría de Educación y luego derivó en el ingreso al edificio. Participaron estudiantes de distintas universidades nacionales, que además reclamaron una actualización de las Becas Progresar y exigieron ser recibidos por las autoridades educativas. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano descartó abrir una negociación y ratificó que los reclamos deben canalizarse por las vías institucionales. En paralelo, el oficialismo advirtió que las manifestaciones de la próxima semana podrían convertirse en una nueva instancia de confrontación política. El conflicto tiene como trasfondo el reciente fallo del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional una cláusula que condiciona la aplicación de la ley a la determinación previa de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó al Gobierno implementar la norma de manera inmediata al considerar que el mecanismo utilizado implicaba un veto encubierto. Desde los sectores estudiantiles sostienen que la protesta responde al incumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y anticipan que continuarán las medidas de presión para exigir recursos para las universidades públicas. Mientras tanto, la marcha convocada para la próxima semana promete convertirse en una nueva pulseada entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria.
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