En una jugada de alto impacto parlamentario, el oficialismo convocó para el próximo 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados con el objetivo de poner en marcha el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el eje político de la discusión estará puesto en otro punto: la decisión de reincorporar límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. La convocatoria se producirá apenas un día antes de la sesión especial impulsada por la oposición para avanzar con la derogación del DNU 70/23, una de las iniciativas más emblemáticas del programa de desregulación impulsado por el Gobierno. En ese contexto, la Casa Rosada y sus aliados parlamentarios buscan construir una salida que permita corregir aspectos cuestionados del decreto sin poner en riesgo el resto de las reformas que introdujo. La estrategia terminó de consolidarse durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a representantes de bloques aliados. Allí, sectores como el PRO y el MID plantearon la necesidad de encontrar una alternativa frente al creciente cuestionamiento político y social generado por la eliminación de restricciones a la venta de tierras. La oposición pretende capitalizar ese malestar para reunir apoyos en favor de la derogación integral del DNU. No obstante, varios bloques mantienen una posición más matizada: coinciden en la conveniencia de restablecer controles sobre la propiedad de tierras, pero rechazan revertir el conjunto de las medidas de desregulación económica incorporadas por el decreto. El DNU 70 modificó de manera profunda numerosos marcos regulatorios, eliminando normas vinculadas al comercio, la actividad inmobiliaria, el sistema de salud, el transporte y las relaciones laborales. Desde el oficialismo argumentan que una anulación completa de la norma provocaría un escenario de fuerte incertidumbre jurídica y administrativa. En ese marco, fuentes legislativas confirmaron que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada servirá como vehículo para reincorporar restricciones a la venta de tierras. Entre las alternativas que concentran mayor consenso figura el restablecimiento del límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada jurisdicción, criterio que regía en la legislación anterior y que quedó sin efecto tras la aprobación del DNU. Paralelamente, el bloque libertario también avanza en negociaciones por la nueva ley de discapacidad. Según trascendió, el oficialismo aceptaría buena parte de las observaciones realizadas por sus socios parlamentarios con vistas al debate previsto para el 21 de octubre. La maniobra persigue un objetivo similar: desactivar la sesión promovida por la oposición para el 15 de octubre, donde además se buscará extender la Emergencia en Discapacidad. De esta manera, el Gobierno intenta preservar el núcleo de su agenda reformista mientras negocia modificaciones puntuales en los temas que generan mayores resistencias dentro de su propia coalición de apoyos legislativos.
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