Superada la turbulencia política que acompañó la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, el Ejecutivo nacional concentra ahora su estrategia en el Senado, donde confía en obtener la aprobación definitiva antes de fin de año. En paralelo, en la Casa Rosada avanza un análisis técnico-político que contempla la reasignación de partidas presupuestarias por decreto para dar respuesta a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sin alterar el objetivo central de equilibrio fiscal. La posibilidad fue confirmada en las últimas horas por fuentes oficiales y ya había sido anticipada públicamente por el presidente Javier Milei. El esquema en evaluación contempla una revisión periódica del gasto, con ajustes mensuales que permitan atender compromisos sensibles sin desbordar el marco macroeconómico trazado por el Gobierno. En Balcarce 50 lo repiten como un mantra: el déficit cero no está en discusión. La herramienta legal para avanzar en ese sentido existe. El artículo 37 de la Ley de Administración Financiera habilita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a ejecutar reestructuraciones presupuestarias mediante decisiones administrativas, siempre dentro de los márgenes aprobados por el Congreso. Según aclaran desde el Ejecutivo, cualquier movimiento buscará preservar las transferencias a las provincias, una condición clave para sostener respaldos políticos. Con el capítulo XI definitivamente excluido del proyecto y la hoja de ruta ya definida, el oficialismo considera despejado el camino legislativo. Minimiza, además, las objeciones formuladas por la Unión Cívica Radical en torno a artículos vinculados al financiamiento científico-tecnológico, la educación técnica y el Fondo Nacional de la Defensa. En el entorno presidencial interpretan esas advertencias como parte de una estrategia discursiva previa a la votación, sin impacto real en el resultado final. “No hay margen para sorpresas”, deslizan cerca de las negociaciones, donde recuerdan que el bloque radical acompañó el dictamen en comisión. La expectativa oficial es lograr al menos 41 votos afirmativos en el recinto y evitar cualquier modificación que obligue a devolver el texto a Diputados, un escenario que el Gobierno descarta de plano. En ese marco, el Ejecutivo da por asegurado el acompañamiento de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, mientras observa con cautela la posición de Convicción Federal y el Frente Cívico, que ya anticiparon un respaldo general con disidencias artículo por artículo. Tras varias reuniones reservadas y con el aval del núcleo político que rodea al presidente, la decisión es clara: el Presupuesto 2026 se vota tal como está. En la Casa Rosada sostienen que cualquier concesión adicional pondría en riesgo el diseño fiscal del próximo año. La apuesta está hecha y el reloj legislativo corre hacia el cierre de diciembre.
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