El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que el Congreso que asumirá el 10 de diciembre tendrá la “misión histórica” de debatir el proyecto de Reforma del Código Penal, que será enviado en los próximos días y que, según afirmaron, busca “poner orden donde antes reinaba la barbarie”. La iniciativa apunta a endurecer las penas, acelerar los tiempos judiciales y terminar con la denominada “puerta giratoria”. En una conferencia desde la Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden” y sostuvo que, al asumir, “la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre”. Aseguró que los piqueteros “eran dueños de la calle” y que ciudades como Rosario “eran zonas liberadas para los narcoterroristas”. Según datos oficiales mencionados por el funcionario, los homicidios bajaron 11,5% en la comparación interanual, alcanzando “la cifra más baja del último cuarto de siglo”. “La doctrina Bullrich vino para poner fin al régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden”, afirmó el jefe de Gabinete, y anticipó que esa misma línea de acción será llevada al Congreso para “aprobar los proyectos necesarios para que el país salga adelante”. Adorni señaló que la reforma busca terminar con “la doctrina Zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima”, y cuestionó que el Código vigente esté “hecho a medida de los delincuentes”. Entre los puntos principales del proyecto mencionó el agravamiento generalizado de penas, la incorporación de castigos más duros para funcionarios que delinquen y la imprescriptibilidad de los delitos graves. Por su parte, Bullrich aseguró que el nuevo Código Penal pretende “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos”. Subrayó que la iniciativa apunta a garantizar celeridad judicial y cumplimiento efectivo de las penas. Entre las novedades destacó la incorporación de la figura de conducción imprudente, el abuso de armas y una redefinición de la legítima defensa, en la que “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.
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