El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por el dirigente social y candidato kirchnerista Juan Grabois. La denuncia sostiene que el legislador de La Libertad Avanza recibió, en 2020, al menos 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos. Según el escrito presentado por Grabois, los fondos entregados a Espert habrían provenido de “una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas”. Ante la presentación, el fiscal Domínguez pidió al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, las primeras medidas de prueba para determinar el origen y destino del dinero recibido por el diputado liberal. Grabois también solicitó que se investigue si esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. La imputación coincidió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que autorizó la extradición de Machado a Estados Unidos. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la resolución del Juzgado Federal N°2 de Neuquén y sostuvo que la solicitud estadounidense “cumple con las normas internacionales de cooperación judicial”. Machado enfrenta cinco cargos en Texas, entre ellos participación en una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de drogas, lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico. Consultado por su vínculo con Espert, el empresario reconoció el aporte económico: “Lo ayudé porque me dijo que necesitaba aportes”, afirmó en declaraciones periodísticas, añadiendo: “Hice un aporte de plata, no 34 millones de dólares como dice Grabois. Los 200 mil dólares fueron parte de un acuerdo de consultoría”. Machado explicó que el contrato se firmó a través de su empresa Minas del Pueblo de Guatemala y que se trataba de “una asesoría grande, en cuotas”. Según su versión, Espert le había manifestado que no podía trabajar hasta después de la campaña electoral. Por ahora, el fiscal Domínguez avanza con la recolección de pruebas y el pedido de documentación contable para determinar si el dinero recibido por el diputado tuvo origen ilícito o correspondió, como sostiene Machado, a un contrato de servicios profesionales.
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