La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas nuevas medidas orientadas a desentrañar el supuesto entramado de contrataciones irregulares entre ese organismo y la droguería Suizo Argentina. Según confirmaron fuentes del caso, los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya advirtieron que no podrán recuperar los mensajes eliminados del teléfono celular de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y desplazado tras la filtración de audios donde mencionaba pedidos de sobornos. Sin embargo, la Justicia ahora busca determinar si en algún momento Spagnuolo realizó una copia de seguridad en la nube, lo que permitiría acceder a información clave. El exfuncionario permanece recluido en su domicilio, en contacto únicamente con su entorno íntimo y abogados, a la espera de acceder al expediente para definir si se presentará como arrepentido. Mientras tanto, sus defensores solicitaron suspender los plazos procesales en torno al pedido de nulidad planteado por los dueños de Suizo Argentina, Jonathan y Eduardo Kovalivker. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avanza en el análisis de los contratos sospechados, aunque hasta el momento evita pronunciarse sobre irregularidades. La pesquisa también incluyó la apertura de teléfonos de otros implicados: ya se extrajo información de tres dispositivos de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, aunque aún resta analizar el contenido. Los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería, se negaron a entregar las claves de sus celulares, alegando que contienen información personal sensible. No obstante, la DATIP intentará acceder al contenido por medios forenses. En los tribunales de Comodoro Py consideran probable que el juez Sebastián Casanello rechace el pedido de nulidad presentado por los empresarios, quienes argumentaron que la causa se originó en grabaciones ilegales y en un hecho ya archivado. Desde la droguería insisten en que “no hay ni hubo irregularidad en las contrataciones”, mientras que en el Poder Ejecutivo se inició una auditoría interna sobre la gestión de Spagnuolo. El proceso está a cargo del nuevo titular de la ANDIS, Alberto Vilches, y tendrá como foco principal los contratos con droguerías, donde se sospecha la existencia de sobreprecios. La causa, que permanece bajo secreto de sumario, mantiene bajo análisis una gran cantidad de documentación y dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos. En paralelo, la Casa Rosada espera tener en octubre los primeros resultados de la auditoría sobre un organismo clave: la ANDIS cuenta con 921 empleados y administra un presupuesto anual de $3,74 billones.
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