El Gobierno nacional resolvió que los programas de construcción y financiamiento de viviendas, entre ellos el PROCREAR, pasen a depender de provincias y municipios. Con esta decisión, busca que las jurisdicciones locales puedan reactivar obras que permanecen paralizadas desde fines de 2023. La medida quedó formalizada en la resolución 1199, en la que la gestión de Javier Milei estableció un nuevo esquema de compensación y recupero de fondos para “reordenar la obra pública”. La normativa, además, deja sin efecto planes nacionales como el programa Casa Propia y otros de características similares. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que el cambio permitirá a los gobiernos locales hacerse cargo de los proyectos inconclusos: “Se establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”. La resolución también fija condiciones para garantizar que los recursos invertidos sean devueltos al Tesoro nacional y que no se genere un perjuicio fiscal. Entre otros aspectos, determina que las provincias y municipios deberán implementar sistemas de recupero de cuotas ajustadas a la capacidad de pago de las familias, que el precio nunca podrá superar el costo actualizado de la obra y que los fondos recaudados deberán reinvertirse en medidas que disponga el Ministerio de Economía. En caso de que una jurisdicción no pueda sostener la ejecución sin asistencia de la Nación, se analizará de manera restrictiva la conveniencia de continuar, considerando el grado de avance, el interés público comprometido y la disponibilidad presupuestaria.
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