La causa judicial contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez, ingresó en su etapa final. El fiscal federal Ramiro González cerró la investigación y ya trabaja en el pedido de elevación a juicio oral, que será presentado ante el juez Julián Ercolini. En abril pasado, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández por los delitos de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas”. El fallo, firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, sostuvo que entre 2016 y agosto de 2024 existió una relación marcada por “desigualdad de poder” y “violencia habitual y constante”, principalmente psicológica pero también con episodios físicos recurrentes. La investigación determinó que los hechos ocurrieron, en gran parte, en la Quinta de Olivos, en un contexto de aislamiento forzado. Según la Cámara, esto generó un “marcado deterioro” en la salud de Yañez, cuya situación de vulnerabilidad era conocida por Fernández desde el inicio de la relación. En la etapa final del proceso, Yañez presentó un escrito en el que solicitó una pena de 12 años de prisión y rechazó cualquier forma de compensación como la probation. Sus abogados remarcaron que, además del poder institucional, Fernández tenía una trayectoria pública que reforzaba la asimetría en el vínculo. La defensa del expresidente intentó frenar la elevación a juicio con nuevos pedidos de prueba, pero el juez Ercolini rechazó las medidas y recordó que el debate oral es la instancia adecuada para la discusión de las pruebas. En febrero, el magistrado ya había ordenado su procesamiento, el embargo de bienes por 10 millones de pesos y una restricción de acercamiento de 500 metros a su expareja, así como la prohibición de contactarla por cualquier vía. Fernández, por su parte, presentó una apelación de 59 páginas en la que negó las acusaciones y reclamó su sobreseimiento. Alegó que no existen pruebas directas y que la causa se basa en “interpretaciones subjetivas” y mensajes que, según su defensa, no fueron extraídos de los dispositivos originales. Mientras avanza la causa, la Justicia dispuso un régimen provisorio de visitas presenciales entre Fernández y su hijo Francisco, que vive en España con Yañez. Los encuentros se realizarán en la ciudad de Buenos Aires, una semana al mes, durante tres meses.
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