La Municipalidad de San Isidro suspendió por 180 días el sistema de fotomultas que funcionaba en el distrito, tras detectar graves irregularidades e inconsistencias en los convenios firmados durante la gestión de Gustavo Posse con universidades públicas. El escándalo, que tuvo su epicentro en la salida de Jorge D’Onofrio del Ministerio de Transporte bonaerense a fines del año pasado, sigue generando repercusiones en distintos puntos del Conurbano. El actual intendente Ramón Lanús tomó la decisión mediante un decreto que entró en vigencia el pasado 23 de abril. La medida fue motivada por la falta de información precisa sobre el funcionamiento del sistema, incluyendo la ausencia total de documentación clave como listados de equipos instalados, reportes, actas de trabajo, facturación del servicio y criterios de distribución de fondos entre el municipio y las universidades. Los convenios, firmados en 2020 y 2022 por la gestión de Posse con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), preveían la tercerización de funciones a empresas privadas. Sin embargo, en el municipio aseguran que no existen constancias documentales claras sobre estos acuerdos ni sobre el rol que cumplían los distintos actores involucrados. “El sistema era opaco y con inconsistencias”, afirman desde la actual gestión. Entre las irregularidades más llamativas se destaca la falta de precisión jurídica y la sospechosa intervención de universidades con escasa actividad académica, como la UNSO, a la que en el distrito califican como “una caja política del possismo”. Según fuentes municipales, “no tenía alumnos pero ya tenía fotomultas”. En ese contexto, el gobierno de Lanús intimó a ambas casas de estudios a responder, en un plazo de dos semanas, una serie de requerimientos para clarificar lo que describen como “ambigüedades y contradicciones” en los convenios firmados. Las sospechas también apuntan a Andrés Román Vásquez, exresponsable de la ejecución del sistema de fotomultas durante la gestión anterior. Desde la comuna aseguran que gran parte de la información operativa se encontraba solo en su memoria. Tras su renuncia, Vásquez se radicó en España, lo que complicó aún más el proceso de auditoría.
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