Se confirmó que la hidrovía del río Paraná será manejada por el Estado cuando termine la prórroga de la concesión actual, tal como lo anticipó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. La Administración General de Puertos (AGP), conducida por el kirchnerista santacruceño José Beni, será el organismo oficial a cargo del servicio, aunque todo estaría supervisado por Transporte y algunas tareas, como el dragado, podrían tercerizarse con empresas privadas especializadas. La fecha de finalización de la concesión privada vigente desde 1995 depende si la prórroga actual de 90 días se cuenta en días corridos, con lo que finalizaría el 30 de julio. Si se computan las jornadas hábiles, en ese caso el plazo concluiría a mediados de septiembre. La normativa firmada por Al berto Fernández, Santiago Cafiero y Guerrera, establece un período de 12 meses “prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación pública nacional e internacional″. El decreto consta de 4 artículos principales: en el primero se amplían las facultades de la AGP, para que pueda “asumir la concesión de obras y/o la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen y/o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”. En el segundo artículo se le otorga a la AGP “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal”, nombre oficial de lo que se conoce como hidrovía Paraná-Paraguay. El tercer artículo es el más descriptivo de las condiciones de prestación del servicio, que el Ministerio de Transporte deberá confeccionar y aprobar. En los considerandos del decreto consta que “las atribuciones del Órgano de Control del Contrato de Concesión se encuentran a cargo de la Secretaría de Gestión del Transporte, con la asistencia de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, ambas dependientes del ministerio de Transporte. Además de los 12 meses referidos, se establece que la cartera conducida por Guerrera establecerá “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje que percibirá la AGP, sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los fines establecidos en el contrato”. Esa última frase es llamativa, teniendo en cuenta que desde hace 25 años el servicio funciona con financiamiento privado, sin necesidad de aportes del Estado.
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