En medio de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país y la provincia de Buenos Aires, en particular, el Gobierno de Axel Kicillof, avanzó con el proyecto que prevé la construcción de Casas de la Provincia en todos los municipios. La iniciativa que apunta a descentralizar la administración pública generó cruces entre el oficialismo y la oposición sobre la utilidad y el costo que todo esto implica. Con excepción de La Plata, el Ejecutivo prevé que haya Casas de la Provincia en las 134 intendencias restantes. El objetivo es descentralizar las dependencias del Gobierno como el Registro de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Juzgado de Faltas de Tránsito, los Ministerios de Trabajo y de Mujeres, IOMA y ARBA, entre otras, y que las mismas atiendan al público en un único edificio en cada una de las localidades bonaerenses y así evitar el traslado hacia la capital provincial para la realización de determinados trámites administrativos. Además de “agilizar trámites”, el proyecto prevé “optimizar recursos y crear una identidad provincial”. La construcción de los edificios estará a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que conduce Agustín Simone. Mientras que la ministro de Gobierno, Teresa García, gestionará la parte política y operativa del proyecto. La Subsecretaría de Obras Públicas ya licitó las primeras cuatro Casas de la Provincia en los municipios de Baradero, Chascomús, Olavarría y Ezeiza. El presupuesto oficial fue superior a los 182 millones de pesos cada una. Por su parte, el edificio contemplado para Baradero, de dos plantas, implica una inversión de más de 146 millones de pesos por parte del gobierno bonaerense. El costo total previsto por Kicillof para la construcción de las “mini gobernaciones”, es de más de 14 mil millones de pesos a “valores de hoy”, por lo que en los próximos años podría variar a raíz del aumento inflacionario. Juntos por el Cambio consideró que la medida es “inoportuna” y reclamó a la Provincia destinar los fondos a los temas “urgentes”. El costo del proyecto y la finalidad del mismo han sido los puntos objetados por la oposición. La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, instó al Gobierno de Kicillof a que “antes de hacer un gasto semejante reflexione y reconsidere esta acción, ya que en tiempos de pandemia, sumado a la pobreza de la provincia, los recursos deberían ser usados en emergencias y en necesidades reales”. La legisladora radical oriunda de Laprida firmó un documento en el que calificó la medida de “inoportuna” y advirtió que uno de los objetivos que persigue el Gobierno es “generar un poder paralelo en cada distrito”. También apuntó contra el destino de esos fondos a la construcción de oficinas “en tiempos en los que la virtualidad va ganando su espacio”. “Construir 134 mini-gobernaciones en medio de la pandemia, y entre tanta desigualdad y pobreza, es otro despropósito de Kicillof”, sintetizó Bilbao.
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