Se abrieron seis nuevas causas contra personas que, se presume, recibieron la vacuna contra el coronavirus de manera irregular. Se trata de denuncias penales contra el sindicalista Hugo Moyano, los jueces de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires Luis Genoud e Hilda Kogan, y el padre de Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación. Las denuncias fueron hechas por dirigentes de la oposición ante la jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti. La magistrada se declaró incompetente para tratar esos casos porque señaló en una resolución, que ella investiga los vacunados del Hospital Posadas y que esos casos no corresponden a las dosis dadas en ese lugar, por lo que deben investigarlos otros magistrados. Así remitió las seis denuncias a jueces federales de La Plata, San Martín y otros de los tribunales de Comodoro Py. La jueza Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano tienen a su cargo la investigación para determinar si hubo delito o no en la vacunación que recibieron 70 personas con dosis de la vacuna Sputnik V que tenía el Hospital Posadas. Algunas de ellas lo hicieron cuando no les correspondía, como es el caso del ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijas; el periodista Horacio Verbitsky; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; y los legisladores nacionales Eduardo Valdéz y Jorge Taiana, ya que por entonces sólo se vacunaba al personal de salud. En la causa están imputados el ex ministro de Salud Ginés González García, quien se fue del Gobierno por este caso, y su jefe de Gabinete y sobrino, Lisandro Bonelli, entre otros, y se busca determinar si cometieron algún delito al disponer que se vacune a personas a las que todavía no les tocaba hacerlo según el cronograma oficial. Algunas de esas personas recibieron las dosis en el Ministerio de Salud, otras en el Posadas y otras, como los Duhalde, en su domicilio. En esa causa se recopiló información de los vacunados y las dosis que recibieron y se les tomó declaración como testigos a quienes participaron de los hechos. El personal del Posadas que declaró en la causa, señaló que las vacunas se daban por orden directa de Ginés González García o por funcionarios del Ministerio allegados a él que les decían quiénes debían vacunarse, aunque no estuviesen en el orden de prioridades.
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