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Roberto Gallardo, juez en lo contencioso administrativo, será recusado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su “manifiesta parcialidad” luego de que el magistrado citará al ministro de Salud, Fernán Quirós y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, para que brinde explicaciones sobre los protocolos sanitarios que se implementarán para el reinicio del ciclo lectivo. La decisión política fue tomada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, la ministra Soledad Acuña y el Secretario General Fernando Straface. “El inicio de clases es una prioridad y un objetivo para toda la sociedad para el cual los gobiernos, sindicatos, docentes y familias están trabajando de manera cooperativa y colaborativa para arribar de la manera más cuidada posible”, señalaron. Desde la sede de Gobierno, cuestionaron la intencionalidad política de Gallardo, quien ya dictó varios fallos en contra de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En la Ciudad lo consideran un juez “militante”, muy cercano al kirchnerismo y le restan importancia a sus intervenciones, que suelen terminar revocadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Si bien los funcionarios porteños descartan de plano la posibilidad de que el magistrado dicte una resolución que ponga en riesgo el plan para comenzar las clases presenciales el 17 de febrero, conocen el historial de Gallardo plagado de resoluciones adversas para la administración de Rodríguez Larreta. En 2016, luego de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, Gallardo prohibió “toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada” en territorio porteño. También, ordenó paralizar el inicio de la construcción de un viaducto en las vías del ferrocarril Mitre en el barrio de Saavedra, al hacer lugar a un reclamo presentado por los vecinos. Dos años después, el juez frenó la aplicación del reglamento para el uso de armas de fuego que había aprobado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ante una cautelar presentada por los organismos de izquierda, el juez consideró “inaplicable” e “inconstitucional” la resolución 956/2018, que otorgaba a los policías una mayor libertad para disparar ante un “peligro inminente” en casos de delitos graves y persecuciones. 

El juez Gallardo decidió citar a la ministra de Educación Soledad Acuña y al ministro de Salud, Fernán Quirós, tras recibir una acción de amparo promovida por Claudio Luis Elías, quien reclamó que se obligue en el ámbito local a efectuar testeos para el personal docente y no docente de los establecimientos educativos. Además, el magistrado requirió que se le informe también si la administración de Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto realizar testeos de “manera periódica” durante el ciclo lectivo 2021, “así como la adopción de otras medidas tendientes a prevenir la propagación del virus Covid-19 en el ámbito escolar”. Los convocados a la audiencia, destacó Gallardo, “podrán formular las aclaraciones que estimen pertinentes respecto del objeto del litigio y de sus pretensiones y deberán, asimismo, brindar las explicaciones que el Tribunal estime conducentes para la resolución de las cuestiones planteadas”. El juez decidió que la acción de amparo promovida sea puesta en conocimiento de los gremios docentes con actuación en el distrito porteño, como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Capital), la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA).

 

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