La toma del campo de la familia del ex ministro de Agricultura y ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, por parte de su hermana Dolores y con militantes del dirigente Juan Grabois, puso en alerta a los productores agropecuarios, quienes temen que esta modalidad de usurpación de tierras pueda continuar en distintos puntos del país afectando al sector productivo. Si bien la toma de la estancia Casa Nueva, ubicada en la localidad entrerriana de Santa Elena, en un principio se planteó como un problema familiar, ya que Dolores Etchevehere había donado el 40% de sus posesiones en el campo a los militantes de Grabois para llevar a cabo un proyecto agroecológico denominado “Proyecto Artigas”, rápidamente fue escalando y se convirtió en político con denuncias del ex ministro macrista de que en la toma participaron funcionarios nacionales y provinciales. Esta situación se convirtió en un nuevo punto de fricción y tensión entre el Gobierno y el campo. Los productores vienen reclamando una agenda clara para el sector, terminar con el constante cambio de reglas de juego, frenar la alta presión impositiva, disminuir la brecha cambiaria y resolver la inseguridad rural. Todo eso sucede en la previa de una nueva reunión entre los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y representantes del gabinete económico, que se realizará el próximo miércoles y donde los productores esperan “señales concretas” de los funcionarios.
Si bien entre el Gobierno y el Consejo hay diálogo, el grueso de los ruralistas está convencido que dentro de la coalición hay sectores que promueven acciones para perjudicar y frenar la actividad agropecuaria, ya sea con proyectos de ley en el Congreso “o con declaraciones que desconciertan y generan más incertidumbre de la que ya existe”, aseguran. A pesar del fallo de la Justicia entrerriana que ordenó el desalojo tanto de Dolores como de los integrantes del denominado Proyecto Artigas, decisión que fue celebrada por la ruralidad y por representantes de distintos espacios políticos, el temor de que estos hechos se repitan está latente entre los productores y la posibilidad de que se lleven a cabo medidas de fuerza por parte de las entidades agropecuarias no está descartada producto del malestar creciente que hay en la producción agropecuaria.
