La justicia volvió a prorrogar el desalojo de las 100 hectáreas privadas tomadas en Guernica. La nueva fecha será entre el “15 de octubre y hasta el 30 del mismo mes”, bajo la condición de ciertos compromisos que el gobierno de Axel Kicillof debe cumplir: que las familias “abandonen el predio de forma voluntaria”; que “acepten reubicarse nuevamente en su distrito de origen”; y que se organice “un plan de acción tendiente a la desocupación pacífica de los lotes”, entre otros puntos. En su resolución de 24 fojas, el magistrado Martín Rizzo, tomó en cuenta el anuncio de Kicillof, quien el jueves 29 de septiembre informó sobre el “Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de 91 mil lotes con servicios para resolver el déficit habitacional”. La resolución del magistrado estuvo en consonancia con lo solicitado por los funcionarios provinciales que estuvieron presentes en la audiencia virtual con el magistrado, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. En disonancia, el fiscal de la causa, Juan Condomí Alcorta, se expresó en contra de la medida al sostener que “además de las personas de la toma tenemos 5 víctimas de las que nadie se ha acordado o acercado salvo el suscripto, que están siendo amenazados”, en referencia a los dueños de las tierras en disputa. Por la misma razón, también dejó en claro que se opone a más prórrogas “por cuanto no sabe si va a poder seguir garantizando la seguridad de esas víctimas” y advirtió que muchas de las personas que se encuentran en la toma no van a irse voluntariamente ni ahora ni dentro de 90 días”.
El juez hizo alusión a una serie de situaciones que quedaron acreditadas en la audiencia virtual que duró más de cuatro horas. Por ejemplo qué “208 familias abandonaron el predio de forma voluntaria”, que “otras 300 podrían hacer lo mismo” en las próximas horas y que “el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, logró que 20 familias acepten reubicarse nuevamente en su distrito. En la audiencia también se tuvo en cuenta y se ponderó que en la toma “se han detectado 52 casos de situaciones de violencia de género, logrando intervenir en 35 de ellas” y que “muchas de esas mujeres están en la toma huyendo de las agresiones, pero muchas de ellas están junto con el agresor, por lo que se requiere un mayor plazo para abordar esa problemática, ya que están en riesgo las vidas de las mujeres, niñas y niños que están con ellas y que más tiempo nos va a permitir un abordaje integral desde una perspectiva de género”. El contexto de la audiencia de ayer estuvo signada de urgencias y momentos de tensión. Los grupos de izquierda, que según Larroque “coparon” la toma, prometieron “resistir” el desalojo con un “abrazo solidario” al predio. En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ya había acantonado a más de 500 efectivos de su fuerza policial, en las cercanías del municipio de Presidente Perón, para llevar adelante el desalojo bajo la supervisión del fiscal.
