El Gobierno nacional prorrogó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios. De esta manera, el Ejecutivo extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres. También se dispusieron la suspensión de las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”. Las normas además alcanzan a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo. Se prorrogó hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones; y hasta el 31 de enero de 2021, para las deudas por falta de pago. Por otra parte, se extiende la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad. La nueva fecha para el fin del congelamiento, que vencía a finales de este mes, será el 31 de enero a pesar de que la Federación de Inquilinos pedía que fuera hasta finales de marzo. Sumado a eso, los decretos publicados establecen que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo. Desde el 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos actuales. Además, las insta a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras”.
El Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires sacó un comunicado para expresar su posición contraria a la medida: “Los corredores inmobiliarios de la Ciudad vemos con preocupación las diversas medidas oficiales que dificultan el normal funcionamiento del sector de alquileres de vivienda, y reafirmamos nuestra postura a favor de la libertad de mercado, la cual fija sus precios en base a la natural concurrencia entre oferta y demanda”, afirmaron y agregaron que los cambios generados por intromisiones del Estado en los mercados necesariamente generan distorsiones y el sector de los alquileres no es la excepción a esa regla. “Decisiones como ésta, sólo sirven para desincentivar la oferta de inmuebles para alquileres de vivienda, generando, en última instancia, un perjuicio para los propios inquilinos a los que se dice querer defender. Reforzamos nuestro llamamiento a que las autoridades reconozcan y fomenten la libertad económica, avanzando en otro tipo de políticas que permitan la reactivación de nuestro sector, defendiendo a las miles de familias que a lo largo y ancho de nuestro país dependen de la actividad inmobiliaria para subsistir”, concluyeron.
