El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales, comenzará a debatir el pedido del Gobierno nacional para revisar el traslado de 10 magistrados que fueron señalados de no cumplir los requisitos legales. La discusión comenzará cuando de manera remota, se reúna la Comisión de Selección del Consejo presidida por la diputada peronista Graciela Camaño, quien podría tener el voto clave en la discusión final. A la reunión se llega con una nota que presentó ayer a última hora en la comisión el diputado del PRO Pablo Tonelli para rechazar el pedido de revisión de los traslados que hizo la semana pasada Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. “Cuestionar ante la comisión actos administrativos regulares, válidos y legítimos, dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de la manera en que el consejero lo ha hecho, y pretender que la comisión y luego el plenario dictaminen o se pronuncien acerca de esos actos, constituye una afectación al Estado de Derecho y resultaría un exceso en las atribuciones que tiene esta comisión en particular y el organismo en general”, sostuvo Tonelli en su nota.
El traslado de un juez significa que un magistrado es llevado de su tribunal de origen a otro al que solicitó ir. El pedido lo hace ante el Consejo que recomienda o no el pase. Luego lo aprueba el Poder Ejecutivo con un decreto. El traslado lo que permite es completar una vacante rápidamente porque se evita el concurso público que dura años pero deja otro lugar libre. Los traslados ya realizados tienen varias objeciones, pero la principal es que se hicieron sin aval del Senado de la Nación. La Constitución Nacional establece que la Cámara Alta es la que designa a los jueces. También se objeta que en algunos casos no se respetó la jurisdicción (la ciudad para que la originalmente el juez fue designado), en otros la competencia (la temática judicial para la que fue elegido) y en algunos ambas cosas. Antes del debate ya hubo cruces entre los integrantes del Consejo. “El planteo es uno más de los embates contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo. Los traslados se ajustan a las pautas de las acordadas de la Corte Suprema. Si alguien creyera que hay algo irregular, la única manera de dar marcha atrás es hacer un planteo judicial”, sostuvo Tonelli. Por su parte, el juez y presidente del Consejo, Alberto Lugones, que integra el bloque del oficialismo afirmó: “Hubo designaciones que no son legales; no es el procedimiento adecuado para designar jueces. Quizás quienes hoy defienden a ultranza la estabilidad de esos magistrados, deberían preguntarse por qué el gobierno anterior no les pidió el acuerdo para estos jueces. Se dice que hay un intento de sacar jueces independientes; yo no sé si son independientes, pero lo cierto es que no pueden suplir con el paso del tiempo un vicio de origen.
