A fines de agosto Mauricio Macri firmó un decreto para intentar acelerar la venta de los bienes recuperados en causas de corrupción. La norma era una herramienta para que la Agencia de administración de Bienes del estado pueda vender en forma inmediata aquellos bienes decomisados por la justicia, incluso antes de la sentencia judicial. Pero los tiempos electorales y el recambio de gobierno conspiraron con ese proceso. Todos los remates quedaron pendientes. Es más, el organismo encargado de esa tarea sigue vacante, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de esos bienes.
El gobierno de Alberto Fernández todavía no designó al reemplazante de Ramón Lanús, un joven funcionario del PRO que estuvo a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado hasta diciembre pasado. El candidato más firme, según pudo se supo por fuentes oficiales, es el actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. También sonó el jefe comunal de Malvinas Argentinas y vicepresidente de AySA, Leonardo Nardini, aunque ya estaría descartado.
La nueva gestión deberá definir qué hace con todos los remates pendientes. Sólo en la causa de Daniel Muñoz hay más de 30 bienes decomisados que están repartidos entre la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Los bienes pertenecen a los imputados que ya fueron procesados y admitieron haberlos comprado con el dinero ilegal que recibió el ex secretario privado de los Kirchner.
