Luego de que Alberto Fernández confirmara que los integrantes de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, deben volver a sus tribunales originales y que el juez de Tribunal Oral Germán Castelli debe regresar a un Tribunal Oral Federal de La Plata, los diputados de la Coalición Cívica anunciaron que denunciarán el hecho al que consideran “un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”. La denuncia que el espacio liderado por Elisa Carrió presentará ante el juez Sebastián Casanello, señala, que “…cabe mencionar que el Poder Ejecutivo nacional y un conjunto de senadores de la nación, junto a la Vicepresidente de la Nación en su carácter de presidente de dicho cuerpo, realizaron un procedimiento manifiestamente ilegal que culminó con el desplazamiento de tres jueces federales, evidenciando una remoción ‘encubierta’”. La denuncia agrega: “En primer lugar, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó respecto a la situación de los traslados de magistrados mediante las acordadas N° 4/2018 y 7/2018, donde distinguió aquellos casos en los que efectivamente se requiere un nuevo acuerdo del Senado de aquellos en donde dicho procedimiento no es necesario. Y, como se verá, de dichas acordadas surge con total claridad que en los casos de los traslados de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli no resulta adecuado iniciar un nuevo procedimiento de designación”.
Luego del desplazamiento los tres jueces pidieron una licencia extraordinaria hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la situación de cada uno de ellos. Los diputados de la Coalición Cívica consideran que los traslados fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el gobierno anterior que los hizo. “Por lo tanto, teniendo en cuenta que los casos de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli se trataron de traslados de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, resulta evidente que, tal como expresamente estableció la Corte Federal en la acordada citada, no es necesario llevar a cabo un nuevo procedimiento de designación, tal como erróneamente se pretende a través de los mensajes 60 y 58 del Poder Ejecutivo nacional”.
