El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó un paquete de leyes aprobadas por la Legislatura durante las últimas sesiones ordinarias, entre las que se destacan tres modificaciones a la Ley Provincial de Educación. Una de ellas establece nuevas pautas para el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en las escuelas, una iniciativa que ya genera controversias dentro del propio oficialismo. La norma dispone que los estudiantes de los niveles primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada, deberán utilizar pantallas únicamente con fines pedagógicos. En ese sentido, define como “uso responsable” la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada escolar, salvo cuando exista una autorización expresa o un requerimiento por parte del docente. La redacción de la ley fue interpretada por distintos sectores como una restricción concreta al uso cotidiano de celulares en las aulas. Sin embargo, desde la Dirección General de Cultura y Educación buscaron despejar esa lectura. La titular del área, Flavia Terigi, sostuvo que la legislación no establece una prohibición absoluta, sino que fija un esquema de regulación para ordenar el empleo de estos dispositivos en el ámbito educativo. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas. El senador provincial Emmanuel González Santalla, uno de los principales impulsores de la iniciativa y referente de La Cámpora, cuestionó públicamente la postura de la funcionaria. Según planteó, el espíritu de la ley es claro al limitar el uso de celulares a situaciones vinculadas con actividades pedagógicas autorizadas por el docente, y reclamó una aplicación estricta de la normativa. La discusión expuso una vez más las diferencias de criterio dentro de Unión por la Patria respecto de las políticas educativas y el alcance de las regulaciones tecnológicas en las escuelas bonaerenses. Junto con esta reforma, el Ejecutivo también oficializó la denominada “Ley Ema”, una norma orientada a promover el uso responsable de las tecnologías digitales y prevenir situaciones de violencia en entornos virtuales. La legislación lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente de 15 años cuya muerte impulsó el debate sobre los riesgos asociados a la difusión de contenidos sin consentimiento y el acoso digital entre jóvenes. El paquete de cambios se completa con otra modificación a la Ley Provincial de Educación, impulsada por la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo. La iniciativa apunta a fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes mediante espacios de escucha y acompañamiento dentro de las instituciones educativas, con el objetivo de detectar situaciones que requieran orientación o intervención especializada. De este modo, la Provincia avanzó con una serie de reformas que buscan actualizar la agenda educativa frente a los desafíos tecnológicos y sociales actuales, aunque algunas de ellas ya muestran que el consenso legislativo alcanzado en el recinto no necesariamente se replica dentro de la estructura del propio gobierno.
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