La negociación por el Presupuesto 2027 entró en su tramo más delicado en la Cámara de Diputados. Mientras busca acelerar el tratamiento de la denominada “ley de leyes”, La Libertad Avanza intensifica el diálogo con sus socios parlamentarios para alcanzar los acuerdos necesarios que le permitan llevar el proyecto al recinto durante noviembre. La estrategia oficialista está centrada en avanzar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, y construir las mayorías necesarias para la votación. En ese esquema, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, encabeza las conversaciones con los bloques aliados para desactivar objeciones y sumar respaldos. Uno de los principales reclamos proviene de gobernadores y legisladores de distintos espacios, que exigen cambios en la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La oposición dialoguista sostiene que esos fondos deben destinarse prioritariamente al mantenimiento de rutas e infraestructura vial en las provincias. El PRO también sumó demandas propias a la negociación. Entre ellas figuran los reclamos por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y una reducción de la carga tributaria sobre la producción de huevos y sus derivados, una iniciativa impulsada por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio. En la Unión Cívica Radical, las preocupaciones se concentran en los fondos destinados a las universidades nacionales. Los legisladores del partido buscan acercar posiciones entre la propuesta oficial, que prevé partidas por 7 billones de pesos, y el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional, que reclama 11 billones para el funcionamiento del sistema. La UCR también exige precisiones sobre el financiamiento de las políticas para personas con discapacidad. En el bloque advierten que, si la Casa Rosada no garantiza los recursos comprometidos, podrían rechazar artículos específicos del proyecto durante el debate parlamentario. Paralelamente, los radicales esperan una definición del Gobierno sobre el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), aprobado por el Senado. La iniciativa apunta a promover inversiones, fortalecer la producción y generar empleo, mientras sectores vinculados a la pesca impulsan su incorporación al esquema de beneficios. Otro frente de tensión está vinculado a la ley de Biocombustibles. Legisladores de Córdoba, Santa Fe y otras provincias productoras reclaman que la iniciativa avance sin demoras, aunque persisten diferencias sobre algunos artículos que, según denuncian, podrían perjudicar a pequeñas y medianas empresas regionales. La resolución de estos conflictos será clave para que el oficialismo consiga los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027.
Compartir
