La creciente tensión interna dentro del espacio libertario volvió a quedar expuesta tras las últimas declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien tomó distancia del presidente Javier Milei al cuestionar el tono de sus críticas contra el periodismo y reclamar ajustes económicos orientados a mejorar la situación de las familias. La legisladora sostuvo que el mandatario excedió los márgenes del debate político cuando, durante una cena organizada por la Fundación Faro, utilizó expresiones que aludían a “quemar periodistas en la hoguera” en referencia a comunicadores a los que acusa de difundir información falsa vinculada al caso Libra. Si bien Bullrich respaldó el derecho del mandatario a responder a cuestionamientos mediáticos, advirtió que la defensa de la libertad también implica tolerar las críticas. En ese sentido, consideró que quienes ejercen responsabilidades institucionales deben ser especialmente cuidadosos con el lenguaje utilizado en el debate público. “La libertad de expresión protege tanto a la prensa cuando investiga al poder como a los dirigentes cuando responden a esas críticas”, expresó la senadora, aunque remarcó que las diferencias deben resolverse mediante argumentos y no mediante expresiones que puedan interpretarse como agresivas. Las declaraciones presidenciales generaron una rápida reacción de entidades periodísticas y de diversos sectores políticos. Organizaciones como Adepa y la Academia Nacional de Periodismo manifestaron su rechazo, al igual que dirigentes de distintos espacios opositores, desde el peronismo hasta sectores de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO. Además de diferenciarse en materia institucional, Bullrich también planteó la necesidad de introducir correcciones en la estrategia económica del Gobierno. Según explicó, el desafío central consiste en que los avances macroeconómicos puedan trasladarse a la vida cotidiana de los argentinos. La senadora sostuvo que el oficialismo atraviesa una etapa decisiva y consideró necesario implementar medidas que permitan mejorar los ingresos y el bienestar de los hogares, para que los indicadores de recuperación económica tengan un impacto tangible en las familias.
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