La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la decisión que había separado los expedientes Hotesur y Los Sauces y dispuso que ambos sean juzgados en un único debate oral a partir del próximo 23 de octubre. La medida fue adoptada por mayoría de la Sala I, que hizo lugar a los planteos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF). Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña coincidieron en que la resolución del Tribunal Oral Federal 5 carecía de fundamentos suficientes para justificar la escisión de los procesos. En cambio, Alejandro Slokar votó en disidencia y sostuvo que no correspondía la intervención de Casación en esta etapa. El TOF 5 había decidido que las causas avanzaran por separado al considerar que se trataba de investigaciones autónomas y que la realización de dos debates sucesivos facilitaría la organización de las audiencias. Además, argumentó que el expediente Los Sauces se encontraba en una instancia más avanzada, mientras que Hotesur aún debía incorporar un informe pericial contable vinculado a documentación financiera. Sin embargo, la mayoría de la Casación entendió que el desdoblamiento podía generar una demora procesal de difícil reparación posterior. En su voto, Petrone señaló que la decisión cuestionada no ofrecía una motivación adecuada y recordó que la acumulación de ambos expedientes había sido resuelta previamente por la estrecha vinculación existente entre los hechos investigados y los acusados involucrados. El magistrado consideró que aspectos como la extensión del debate, el volumen probatorio, la cantidad de imputados o la coordinación de las audiencias podían abordarse mediante herramientas de gestión judicial sin necesidad de fragmentar el proceso. A su criterio, esos factores no constituían razones suficientes para alterar la estructura original del juicio. Petrone también advirtió que la realización de dos debates independientes derivaría en el dictado de sentencias distintas sobre hechos que mantienen conexiones procesales relevantes, lo que excedería las facultades de organización atribuidas al tribunal oral. Barroetaveña acompañó esos argumentos y sostuvo que la resolución apelada no reunía los requisitos mínimos para ser considerada un acto jurisdiccional válido. Además, remarcó que la decisión impactaba directamente en la estrategia acusatoria de la fiscalía y de la querella, que no habían sido escuchadas previamente respecto de la conveniencia de dividir el debate. En la posición minoritaria, Slokar entendió que la resolución recurrida no revestía el carácter de sentencia definitiva ni provocaba un perjuicio irreparable que habilitara una revisión excepcional. Según señaló, los recurrentes no lograron acreditar una cuestión federal suficiente ni una carencia absoluta de fundamentos que justificara la apertura de la instancia de casación. El juez también advirtió que revisar una decisión vinculada a la organización interna del juicio podría implicar una injerencia indebida sobre las atribuciones propias del tribunal oral y afectar su margen de autonomía funcional. Con esta resolución, la Cámara de Casación restableció el criterio de tramitación conjunta de las causas y despejó el camino para que el debate oral se inicie de manera unificada el próximo 23 de octubre.
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