En medio de la escalada del conflicto gremial que paralizó todas las líneas de subte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó el accionar judicial y policial que derivó en la detención de trabajadores vinculados a la protesta y ratificó una política de tolerancia cero ante medidas que afecten servicios esenciales. El mandatario porteño sostuvo que su administración cumplirá estrictamente con las decisiones de la Justicia y lanzó una dura advertencia contra quienes impulsen bloqueos en el transporte público. En ese sentido, afirmó que no aceptará presiones ni medidas que perjudiquen a millones de usuarios y aseguró que quienes incumplan las órdenes judiciales deberán afrontar las consecuencias legales correspondientes. La controversia se originó durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, donde, según informó el Gobierno de la Ciudad, un dirigente gremial abrió una puerta de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros como parte de una medida de fuerza. El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, explicó que el episodio motivó una consulta inmediata con la fiscalía interviniente, que dispuso el cese de la acción. De acuerdo con su versión, ante la negativa del trabajador a acatar la directiva judicial, se ordenó su detención por desobediencia. Piñeiro detalló además que otros dos representantes sindicales intervinieron durante el procedimiento para obstaculizar el accionar policial, situación que derivó en nuevas órdenes de arresto. “Las detenciones se produjeron por incumplir una disposición de la Justicia”, remarcó el funcionario. Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció el operativo realizado por la Policía de la Ciudad y calificó las detenciones como un acto de represión contra los trabajadores. El enfrentamiento entre el Gobierno porteño y los metrodelegados sumó un nuevo capítulo, con posiciones cada vez más confrontativas y con miles de usuarios afectados por una disputa que combina reclamos sindicales, intervención judicial y un fuerte componente político.
Compartir
