En una nueva escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, la Justicia Federal resolvió aplicar una sanción económica diaria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir con una medida cautelar vinculada a la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se conoce en la antesala de una nueva movilización convocada por el sector académico en defensa de los recursos para las casas de estudio. El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, dispuso una multa de 100.000 pesos por día contra el titular de la Jefatura de Gabinete tras considerar acreditado el incumplimiento de una orden judicial que obligaba al Estado nacional a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles. La resolución activa un apercibimiento que ya había sido formulado por el magistrado luego de sucesivas intimaciones al Poder Ejecutivo. Según estableció Cormick, la sanción podrá ampliarse tanto en el monto como en los funcionarios alcanzados si persiste la falta de cumplimiento. El pronunciamiento judicial llega a pocas horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada con el objetivo de reclamar la plena aplicación de la normativa de financiamiento aprobada por el Congreso. Aunque el expediente principal continúa bajo revisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la medida cautelar permanece vigente. En ese marco, el magistrado recordó que el Estado tiene la obligación de cumplir las disposiciones ordenadas mientras se resuelve de manera definitiva la controversia sobre la constitucionalidad del decreto que condicionó la implementación de la ley. La decisión de avanzar con las multas fue adoptada tras un planteo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que denunció que el Gobierno mantiene incumplida una cautelar que, además, fue ratificada por la Corte Suprema en junio de este año. Desde las universidades sostienen que los plazos fijados por la Justicia para regularizar la situación vencieron sin que se registraran los pagos exigidos. Por ese motivo, solicitaron la ejecución de las sanciones económicas previstas para los casos de demora. La Ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes basada en la evolución de la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025. Asimismo, dispone mecanismos de actualización periódica de haberes y de los programas de becas estudiantiles para preservar su poder adquisitivo. La postura oficial, sin embargo, difiere de la interpretación impulsada por las universidades. En su apelación, el Gobierno argumentó que la cautelar genera obligaciones económicas cuya magnitud no fue determinada con precisión y advirtió que su cumplimiento afectaría el normal funcionamiento de la administración nacional. La Casa Rosada también defendió la política salarial aplicada desde diciembre de 2023 y aseguró haber otorgado incrementos que, según sus cálculos, compensan la evolución inflacionaria del período. Además, destacó la convocatoria a instancias paritarias y la propuesta de nuevas recomposiciones para los trabajadores universitarios. Finalmente, el Ejecutivo cuestionó el criterio utilizado por los demandantes para calcular los aumentos adeudados y advirtió que una actualización de esa magnitud no cuenta con respaldo en el Presupuesto 2026 ni con partidas aprobadas por el Congreso para hacer frente a ese gasto.
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