La gestión nacional avanzó con uno de los procesos de privatización más relevantes de su agenda económica al adjudicar el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio integrado por firmas argentinas y brasileñas, que presentó una oferta de 340 millones de dólares y superó con amplitud a la propuesta competidora encabezada por el Grupo Roggio. La operación representa el regreso de la gestión privada a la empresa encargada de brindar servicios de agua potable y saneamiento a alrededor de 14 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El traspaso operativo se concretará entre enero y febrero de 2027, una vez completadas las instancias administrativas y contractuales previstas por el proceso licitatorio. El grupo adjudicatario está conformado por Rowing SA, especializada en obras de infraestructura; Transclor SA, proveedora de insumos para la potabilización del agua; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav y designada como operador técnico; y el fondo de inversión PHX Aqua AR B.V., radicado en los Países Bajos. La propuesta presentada superó en casi un 20% la oferta de 285 millones realizada por el consorcio rival. Desde el sector empresario remarcaron que el proyecto combina experiencia local en construcción y gestión de servicios públicos con el respaldo técnico de una compañía que opera sistemas de agua y alcantarillado en distintas regiones de Brasil. En paralelo, el Grupo Roggio destacó la competitividad de su propuesta y ratificó su intención de continuar participando en proyectos estratégicos de infraestructura y servicios. La adjudicación abre ahora una nueva etapa para AySA, con un esquema regulatorio que contempla ajustes tarifarios periódicos, aunque sin incrementos extraordinarios durante los primeros años de concesión. El contrato establece mecanismos de actualización vinculados a la evolución de costos y al cumplimiento de objetivos de calidad, mientras que una revisión integral de tarifas recién se realizará hacia el final del primer quinquenio de gestión privada. Uno de los principales compromisos asumidos por el futuro operador será el plan de inversiones. Los pliegos fijan desembolsos mínimos por 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años y una inversión acumulada superior a 15.000 millones a lo largo de los 30 años de concesión. Los recursos estarán destinados, principalmente, a modernizar la infraestructura existente, ampliar la cobertura de los servicios y reducir problemas estructurales como las pérdidas de agua en la red, que actualmente alcanzan niveles considerados críticos. En materia social, el esquema vigente de tarifa social continuará alcanzando a los usuarios beneficiados, mientras que toda la infraestructura incorporada durante la concesión permanecerá bajo propiedad estatal al finalizar el contrato. Desde el Ministerio de Economía defendieron la privatización al sostener que la empresa recibió durante años millonarias transferencias del Tesoro sin lograr resolver déficits significativos en la cobertura de agua potable y cloacas. La administración nacional considera que el ingreso de capital privado permitirá acelerar inversiones y mejorar la eficiencia operativa de un servicio considerado estratégico para el AMBA.
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