El Gobierno nacional enfrenta una tormenta política de creciente intensidad tras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lejos de disipar las dudas, la presentación de su declaración jurada y sus apariciones televisivas profundizaron el malestar interno y multiplicaron los reclamos opositores para que abandone el cargo. Lo que inicialmente parecía un conflicto circunscripto a la oposición se transformó en un frente mucho más amplio: sectores aliados al oficialismo comenzaron a exigir la salida de Adorni. El PRO difundió comunicados en los que insta al Presidente a dejar de respaldar al funcionario, mientras que la UCR, que en ocasiones acompañó al Gobierno en votaciones clave, se mostró dispuesta a apoyar la interpelación impulsada por el peronismo y la izquierda. Incluso el MID, liderado por Oscar Zago y con vínculos cercanos al Ejecutivo, se sumó al pedido de renuncia. “Está acabado, no da para más”, sentenció Zago, advirtiendo que el oficialismo busca ganar tiempo antes de la sesión convocada para el 23. En el Congreso, el escenario se torna cada vez más complejo. La oposición prepara nuevas mociones de interpelación, aunque reconoce que la censura directa difícilmente prospere por cuestiones reglamentarias. “El Gobierno pretende que el Parlamento resuelva lo que ellos no se animan a decidir”, deslizó un legislador opositor, en alusión a la interna que atraviesa La Libertad Avanza. Dentro del PRO, la discusión sigue abierta. Aunque una mayoría se inclina por no acompañar la ofensiva para evitar “darle aire al kirchnerismo”, la postura no es unánime. En paralelo, voces cercanas al expresidente Mauricio Macri remarcan que Adorni “representa lo que siempre criticaron: la vieja política”. La crisis expone las tensiones internas del oficialismo y amenaza con desbordar en el Congreso. La decisión final sobre el futuro de Adorni, más allá de las presiones externas, parece depender de la capacidad del Gobierno de resolver sus propias fracturas.
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