El conflicto por los subsidios al transporte urbano volvió a colocar al Gobierno en el centro de la escena. En la Secretaría que conduce Fernando Herrmann se abrió una mesa de negociación con las empresas de colectivos, en un intento por desactivar la crisis que ya se traducía en paradas vacías y usuarios exasperados. El Ejecutivo resolvió adelantar el 60% de las transferencias correspondientes a abril, gesto que permitió a las compañías anunciar una normalización paulatina de los servicios. Luciano Fusaro, presidente de la cámara empresaria AAETA, confirmó que el martes 14 habrá una nueva cita con las autoridades nacionales para conformar una mesa técnica. Allí se discutirá la estructura de costos y la posibilidad de un aumento tarifario, mientras sobrevuela la deuda reconocida por el Estado, que oscila entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. La Subsecretaría de Transporte Automotor será la encargada de coordinar ese espacio de trabajo, con la promesa de darle continuidad y de avanzar hacia soluciones de fondo. El telón de fondo es complejo: reducción del 30% en las frecuencias del AMBA, retención de tareas de choferes nucleados en la UTA por salarios atrasados y un incremento del 25% en el precio del gasoil durante marzo, arrastrado por la guerra en Medio Oriente. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fiscalizó la prestación y detectó menos unidades en la calle respecto al día anterior. Frente a las largas filas y el malestar ciudadano, el Gobierno aplicó sanciones a las empresas que recortaron servicios el 9 de abril. “La CNRT ha iniciado el labrado de actas de infracción y la aplicación de sanciones”, señalaron desde la Secretaría. En paralelo, el discurso oficial insiste en una “reestructuración integral” del sistema, que arrastra desequilibrios históricos y demandas persistentes. El Estado promete acompañar al sector para garantizar un servicio eficiente y de calidad, aunque la pulseada por los subsidios y las tarifas anticipa que la discusión recién comienza.
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