El Gobierno avanzó con la puesta en marcha operativa del Presupuesto 2026 mediante una decisión administrativa que no sólo distribuye las partidas aprobadas por el Congreso, sino que consolida un esquema de control centralizado sobre los recursos, el personal y las inversiones del Estado. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece el reparto formal de los créditos entre ministerios, organismos descentralizados y el sistema de seguridad social, habilitando así la ejecución efectiva de la Ley 27.798. Sin embargo, más allá del procedimiento administrativo, el texto marca un giro hacia un modelo de supervisión más rígido y concentrado. Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento del rol de la Jefatura de Gabinete, que queda a cargo de la apertura de créditos presupuestarios al menos en las partidas consideradas “limitativas”, lo que le otorga un control directo sobre el ritmo y la orientación del gasto público durante todo el año. En paralelo, el Gobierno endureció las condiciones para el manejo de la dotación estatal. Las jurisdicciones deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda la evolución de su planta de personal y de todas las formas de contratación, con el objetivo declarado de monitorear de manera permanente el tamaño y la dinámica del empleo público. Además, ninguna vacante podrá ser cubierta sin certificar previamente que el cargo está efectivamente libre y cuenta con financiamiento disponible. El control político se extiende también a los cargos jerárquicos. Toda modificación en funciones ejecutivas dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) requerirá autorización presidencial y el aval previo de las áreas de Transformación del Estado y Hacienda, junto con un análisis de costos y fuentes de financiamiento. El mensaje es claro: no habrá margen para decisiones discrecionales sin respaldo presupuestario. Otro capítulo sensible es el de los fondos de inteligencia. Las jurisdicciones que administren partidas de este tipo, incluidos los gastos reservados, deberán contar con la conformidad previa de la Secretaría de Inteligencia de Estado antes de solicitar cambios o reprogramaciones, reforzando el cerco institucional sobre un área históricamente opaca. En materia de obra pública y compras, la decisión establece que ningún organismo podrá avanzar en contrataciones de bienes de uso u obras sin una evaluación técnica favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública, lo que introduce una nueva instancia de filtro antes de habilitar erogaciones de envergadura. El texto también ordena la administración financiera general: fija qué partidas son indicativas y cuáles limitativas, regula los procedimientos para modificar el presupuesto durante el ejercicio y establece un cronograma trimestral para que organismos y empresas públicas transfieran sus contribuciones al Tesoro Nacional. En línea con la política de concentración fiscal, los fondos destinados a empresas públicas no financieras deberán canalizarse exclusivamente a través de la Jurisdicción 91 con el argumento de evitar dispersión de créditos y facilitar su seguimiento. Finalmente, la norma dispone que los remanentes no utilizados del ejercicio 2025 deberán ser reintegrados a la Tesorería General de la Nación antes de fines de octubre de 2026, salvo que una ley disponga lo contrario. Con este paquete de definiciones, el Ejecutivo no sólo pone en marcha el Presupuesto 2026, sino que refuerza una arquitectura de control centralizado, alineada con su estrategia de ajuste, orden fiscal y disciplinamiento del gasto público.
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