El Gobierno nacional oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima bajo el nombre Carboeléctrica Río Turbio S.A., con un capital inicial de $30 millones. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 1181, dispone que las secretarías de Energía y de Minería designen a las autoridades de la nueva firma. El Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía y el 5% restante quedará bajo control de la Secretaría de Minería. En línea con lo previsto por la Ley Bases, el complejo minero de Santa Cruz quedó habilitado para un proceso de privatización parcial, lo que implica que la participación estatal deberá mantenerse como mayoritaria. El cambio de figura societaria de YCRT se suma a otros pasos en la estrategia de privatizaciones del Ejecutivo. En paralelo, el Ministerio de Economía ratificó el inicio del proceso para la venta del 90% de las acciones de AySA, la empresa de agua potable y saneamiento que presta servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según lo establecido en la Ley Bases, AySA está sujeta a privatización total. Asimismo, el Gobierno avanzó en el llamado a licitación nacional e internacional para concesionar por 30 años la operación de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, cuyos contratos vencieron a mediados de 2023. La decisión, formalizada en el decreto 590, contempla la transferencia del paquete accionario mayoritario de cada complejo en un proceso “sin base, competitivo y expeditivo” que se lanzará en los próximos 60 días. Las represas involucradas son Alicurá (operada por AES Argentina), El Chocón y Arroyito (Enel), Piedra del Águila (Central Puerto) y Cerros Colorados (Orazul). Con estas medidas, el Gobierno de Javier Milei profundiza su programa de reformas estructurales y de reducción del peso estatal en empresas estratégicas, avanzando en la privatización de servicios energéticos y de infraestructura clave.
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