En el marco de su “plan motosierra”, Javier Milei continúa con su política de reducción del gasto público mediante despidos en la administración estatal. Según información de fuentes calificadas, al menos 5000 trabajadores perderán sus empleos a partir del domingo debido al vencimiento de sus contratos de planta transitoria. Esta nueva ronda de cesantías afecta principalmente a empleados de ministerios y secretarías ya eliminadas, como la de Mujeres y Géneros, y a organismos autárquicos como el INTI. Esta tanda de despidos se suma a los 15.000 cesanteados en marzo, la mayor ola de despidos de la gestión libertaria. En aquella ocasión, el Gobierno había anunciado una “auditoría permanente” que justificaría los recortes. Con esta nueva ronda, el total de despedidos asciende a 18.019 en los primeros seis meses de la administración de Milei, reduciendo la planta de trabajadores estatales de 72.000 a 53.981. La ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello, lidera la lista de recortes, con 4930 contratos dados de baja en áreas como Trabajo, Educación, Cultura, y Niñez y Familia. En segundo lugar, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, despidió a 3195 trabajadores, incluyendo empleados de secretarías como Transporte, Energía, Obras Públicas, Finanzas e Industria. La reducción se centró en trabajadores con contratos anuales, extendidos temporalmente en diciembre y marzo. En contraste, los despidos de empleados de planta permanente han sido menores. La Ley Bases, en su artículo 52, establece un marco normativo para la reducción de empleados permanentes, permitiendo su reubicación o cesión a provincias y estableciendo indemnizaciones específicas en caso de despido. Este plan, según se informa, busca eliminar progresivamente la totalidad de los contratados en la administración nacional, en un esfuerzo por reducir el tamaño del Estado y el gasto público. Mientras tanto, los trabajadores afectados enfrentan un futuro incierto, marcado por la posibilidad de reubicación o la pérdida definitiva de sus empleos.
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